Una vez que algunos administradores de justicia han sido cuestionados por varios pronunciamientos que han dejado en libertad a personas procesadas, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, reconoció que hay jueces que “se ponen del lado de la delincuencia”, pero que son casos excepcionales.

En entrevista con Ecuavisa, Murillo expresó que si bien los responsables son quienes actúan emitiendo los fallos, también los superiores, quienes tienen facultad correctiva, pero que tampoco dan paso a denuncias.

Criticó el accionar de los malos jueces y aclaró que el Consejo de la Judicatura no puede actuar de oficio.

“Se ha forjado un falso espíritu de cuerpo. No se ha establecido la declaratoria jurisdiccional previa en casos evidentes que han escandalizado al país”, afirmó.

El titular del máximo organismo administrativo de la Función Judicial comentó que se cuenta con 462 pedidos de declaratoria jurisdiccional previa ingresados a escala nacional. Sin embargo, expresó que la mayoría ha sido negada. Desde el 2020 a la fecha, 63 casos se han pronunciado afirmativamente.

Lamentó que la anterior Corte Constitucional, a través de sentencia 141-2018, haya establecido que los jueces de garantías constitucionales no incurran en prevaricato, pese a que malinterpreten o apliquen indebidamente la norma.

El funcionario mencionó que eso ha dado paso para que algunos jueces en garantías constitucionales se alejen de la ley y la Constitución y se pongan de lado de la delincuencia organizada y la corrupción.

“Esa es una consecuencia de los fallos escandalosos que el país ha cuestionado. Eso hay que cambiar para que no quede en la impunidad y el prevaricato”, expuso.

Ante las críticas efectuadas -días atrás- por el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, en contra de la justicia ecuatoriana por el avance del narcotráfico, Murillo manifestó que tanto la Embajada de Estados Unidos en Ecuador y la Unión Europea ratificaron su confianza en el Consejo de la Judicatura y trabajan juntos en temas relacionados al combate a la corrupción y al crimen organizado.

En este punto de la denominada “narcojusticia”, el presidente de la Judicatura expresó que pidió los nombres e información relacionada con actos disciplinarios, aunque sabe que no va a recibir respuesta de Estados Unidos, debido a que la ley americana prohíbe dar ese detalle.

A pesar de ello, sostuvo que esa confianza de los cooperantes internacionales se dio el 8 de diciembre, cuando se presentaron a los 14 jueces anticorrupción.

Para combatir la corrupción en la justicia precisó que como órgano administrativo se puede analizar la disciplina de los jueces, pero recalcó que la Judicatura tiene limitantes para las acciones correctivas, ya que para sancionar se necesita una denuncia, una declaración jurisdiccional previa del juez superior y a partir de eso se puede empezar una acción administrativa.

Fuente: Radio Pichincha , EcuaPost.