Jaime Chugchilán, quien reemplazaría al consejero Francisco Bravo, es investigado por el presunto delito de estafa. 

Tras la censura y destitución de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ya se alistan los reemplazos, pero también se escudriña en su proceder.

Al ser cargos de elección popular, los puestos deberán ser asumidos por quienes siguen en la lista de los más votados en las elecciones de 2019. La Asamblea Nacional solo espera la nómina para posesionar a los cuatro nuevos consejeros.

Según la lista del Consejo Nacional Electoral (CNE), los nuevos cuatro consejeros serían: Carlos Figueroa, Mónica Moreira, Karina Ponce y Jaime Chugchilán. Sin embargo, sobre este último que reemplazaría al consejero Francisco Bravo pesaría una orden de captura por el presunto delito de estafa.

Chugchilán sería buscado desde julio pasado debido a que incumplió las medidas cautelares. En un principio no tenía orden de prisión preventiva, pero desde marzo dejó de cumplir con las presentaciones periódicas.

Ante esa situación, la Fiscalía solicitó la revisión de las medidas y el juez del caso dictó orden de prisión preventiva. Es decir, desde esa época está prófugo y no se ha iniciado el juicio en su contra.

La polémica contra el representante de los pueblos y nacionalidades se desata en virtud de que en el registro de causas de la Función Judicial, tiene un proceso abierto por presunta estafa, desde 2019.

Inicialmente, le dictaron medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentación periódica, pero fue llamado a juicio y la audiencia que estaba prevista para septiembre de ese año se trasladó para el 17 de enero de 2023.

Si Chugchilán no asume el cargo, deberá posesionarse en su lugar Olindo Nastacuaz, quien fue asesor del exconsejero Edwin Jarrín.

Según la teoría de la Fiscalía, en 2019, Chugchilán intentó vender unos puestos en el Mercado Mayorista de Quito que, supuestamente, no le pertenecen. Para esto, gestionó que 14 personas obtuvieran un préstamo por USD 10.000 en una Cooperativa de Ahorro y Crédito.

La entidad financiera transfirió esos fondos directamente a Chugchilán. Sin embargo, él nunca habría entregado ningún documento para formalizar la venta.

Chugchilán es abogado y laboró en la Secretaría General del Migrante. Además, entre 2019 y 2021 trabajó en distintos cargos en el Cpccs.

Fuente: Radio Pichincha , EcuaPost.