Condonación de deudas y acceso a créditos, una de las cinco mesas de diálogo en las que hubo acuerdos

Los diálogos entre tres movimientos indígenas y el Gobierno nacional retornaron a un punto ‘cero’, mientras no haya contestación a los ejes tratados en los primeros 45 días en los que se instalaron cinco mesas de trabajo. De lo contrario, no descartan retirarse de estos encuentros y propiciar nuevas protestas.

La conformación de las diez mesas técnicas responde al cumplimiento del ‘Acta por la paz’ que firmaron los presidentes de tres agrupaciones indígenas y del Ejecutivo, el 30 de junio del 2022, para atender las demandas que dieron origen al paro nacional que subsistió por 18 días.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), como garante de estos diálogos, incluyó un plazo de 90 días para que se debatan estos pedidos, cuya metodología es que cada grupo de trabajo tenga cinco días para tratar cada tema.

Hay un día ‘cero’, en el que se reúnen para integrar los equipos de trabajo y conocer qué propuestas tienen los demandantes para que el Gobierno proponga una solución.

El miércoles pasado, hubo un consenso entre la delegación del régimen y de los tres grupos: del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), para que el 9 de septiembre se produzca un cierre en las siguientes mesas:

  1. Focalización de subsidios a los combustibles.
  2. Banca pública y privada.
  3. Control de precios de productos de primera necesidad.
  4. Fomento productivo.
  5. Energía y recursos naturales.

Sobre la primera, considerada un tema ‘sensible’, no hay acuerdos concretos. Allí, la expectativa es conocer una propuesta del Gobierno que determine cuáles son los sectores sociales y productivos que podrán beneficiarse de los subsidios a la gasolina extra y el diésel.

Para ello, se integró una subcomisión técnica que está elaborando un informe y deberá presentarlo a las partes.

Sobre la mesa de banca pública y privada, se “selló” un acuerdo definitivo, según el régimen. Aunque, los grupos sociales reclaman que sus comunidades aún no acceden al ‘alivio financiero’, pues sus deudas se mantienen y además, esperan que se cumpla con las reformas a la ley tributaria para que la condonación se aplique por el monto de los $ 10.000 y no solo sobre los $ 3.000.

La posición del Ministerio de Gobierno fue que sobre esta mesa hay acuerdos “sellados”. Por ejemplo:

  • La asignación de $ 58′ 8 millones para condonar 25.928 créditos irrecuperables a través del BanEcuador.
  • La instrumentalización de una política dirigida al sistema financiero para que se reestructure y refinancie las operaciones crediticias de segmentos como el microcrédito, crédito productivo, PYMES y educativo.
  • Para el acceso a créditos se asignó $ 77′ 7 millones a las cooperativas de ahorro y crédito a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Hasta diciembre próximo, se prevé cubrir un monto por los $ 120 millones.
  • Así también, a través del BanEcuador se destinó $ 94′ 7 millones para el acceso a créditos al 1% de interés a 30 años plazo.

La mesa técnica para el control y fijación de precios suspendió su trabajo a mediados de agosto. El pedido de los líderes sociales es que se implemente una política de fijación de precios a 44 productos de primera necesidad, pero el Gobierno asegura que estos son productos industrializados sobre los cuales no es posible fijar un precio, pues dependen de la oferta y demanda del mercado.

En cuanto a fomento productivo, el movimiento indígena presentó cuatro propuestas:

  • Excluir la agricultura de los capítulos de negociación de los tratados de libre comercio, porque “incrementa la vulnerabilidad para los productores nacionales debido a la entrada de productos agrícolas con cero aranceles”.
  • El mejoramiento de la viabilidad, transición agroecológica y políticas para el acceso al mercado.
  • Establecer precios mínimos de sustentación o precios referenciales para la agricultura familiar campesina sin afectar al consumidor. Su pedido lo basan en que hay una “excesiva intermediación y estructura desigual de precios para el sector agrícola”.
  • El “no cobro sin control sobre las regalías de producción de flores”, pues consideran que los organismos de control han permitido que se implemente un mecanismo de operación “perverso” que bloquea el desarrollo productivo de los agricultores pequeños y medianos de rosas.

De su lado, el Ejecutivo planteó la conformación de una denominada Comisión Agrícola para Acuerdos Comerciales TLC, que permitiría proteger productos sensibles de la agricultura familiar campesina, intermediación y estructura de precios y control de precios sobre las regalías de producción de flores.

Sobre la quinta mesa, conformada para tratar la política pública relacionada con la actividad minera, las organizaciones sociales piden:

Moratoria de las actividades mineras y la derogatoria del decreto ejecutivo 151, que abarca el denominado Plan Minero.

  • Que se declaren nulas las concesiones mineras en territorios indígenas, bosques protectores, zonas integradas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas arqueológicas.
  • Que se creen zonas de exclusión minera y la reparación integral de pasivos ambientales de las actividades mineras metálicas.
  • Que se adecue una acción inmediata en contra de la minería metálica ilegal y, transparencia en el acceso a información.

Esta mesa se instaló el pasado 24 de agosto y tras su primer encuentro, se convocó a su reinstalación para el próximo 5 de septiembre.

No obstante, las delegaciones indígenas y de la administración gubernamental se reunirían este jueves 8 de septiembre para revisar los acuerdos alcanzados. Al siguiente día, se suscribiría el acta con la que concluiría el trabajo de estas cinco mesas.

De concretarse esta intención, se daría paso a la reinstalación de las cinco mesas técnicas restantes, con un cronograma que se definió de la siguiente manera:

  • Derechos colectivos: del 12 al 28 de septiembre.
  • Seguridad ciudadana: del 13 al 20 de septiembre.
  • Salud: del 21 al 29 de septiembre.
  • Educación: del 21 al 29 de septiembre.
  • Empleo: del 30 de septiembre al 7 de octubre.

Desde Carondelet se elevó un comunicado en el que expresa la “voluntad política para dar respuesta a las peticiones planteadas por las organizaciones indígenas, en el marco de sus competencias, atribuciones, normativa legal y presupuesto”. Se resaltó que muestra de ello, es lo acordado en la mesa de Banca Pública y Privada.

De su lado, los dirigentes sociales están inconformes y no descartan retirarse de las mesas.

Así por ejemplo, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, exaltó su preocupación de que de estos diálogos no “va a haber resultados” y que son un mecanismo para “disuadir los procesos de lucha”.

Samuel Lema, dirigente de la Feine, reprochó que no hay voluntad política para atender sus pedidos y que, si hasta el 9 de septiembre no hay respuestas “hasta ahí” acompañarán estos diálogos.

Por su parte, el presidente de la Fenocin, Gary Espinosa, alertó que las comunidades de la Costa están inquietos porque no ven resultados a estos encuentros y no descartan iniciar movilizaciones. (I)

Fuente: Diario El Universo, EcuaPost

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