En la Asamblea Nacional, el correísmo tiene trinchera propia para golpear la gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso, y para apuntalar su agenda política, así como para ejercer presión para lograr, sin más contratiempos, la aplicación del habeas corpus concedido a favor del exvicepresidente Jorge Glas.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, presidida por Ferdinan Álvarez, representante del Guayas, constituye el escenario; y se convierte en el brazo ejecutor, según el sector del Gobierno, para minar su credibilidad.

En ese espacio legislativo, el régimen está en total desventaja, porque de los nueve integrantes de la mesa siete pertenecen al correísmo, representado en la bancada Unión por la Esperanza (UNES), y dos del Partido Social Cristiano (PSC), que están en la oposición.

En el último trimestre, la mesa de Transparencia en quince sesiones convocó a 45 funcionarios públicos que pertenecen a los poderes Ejecutivo y de Transparencia y Control Social, aunque no todos acudieron al llamado. De todas esas comparecencias, aún no existen informes de los resultados de su acción de fiscalización.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 21 determina que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social se responsabilizará de asuntos e iniciativas legislativas en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como de promoción de la participación ciudadana en el control social de los asuntos públicos.

Desde junio al mes de agosto de 2022, la mesa abordó temas de toda índole, y la mayoría de las comparecencias fueron solicitadas por asambleístas de UNES y externos a la Comisión de Transparencia. Solo hay un caso en que el PSC, a través del legislador Luis Almeida, solicitó la comparecencia de diez funcionarios respecto a supuestas irregularidades en la designación y posesión de Raúl González como superintendente de Bancos y Seguros.

La comisión abordó temas de seguridad, como el amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas; sobre política internacional, para conocer las relaciones de Ecuador con Rusia; en educación, sobre el plan de retorno a clases 2022, mantenimiento y construcción de aulas escolares.

En sus comparecencias también trató la política del bono de desarrollo humano, educación superior, incidencia del cáncer en la piel, proyecto fotovoltaico El Aromo, tráfico de cargos públicos en Petroecuador, régimen de control de los consejeros del Gobierno, censo nacional, sentencia de habeas corpus a favor de Jorge Glas.

Ferdinan Álvarez comenta que la mesa de Transparencia que preside concentra su esfuerzo en estos temas, porque otras comisiones no lo quieren realizar o no saben cómo hacerlo. Y aclara que ellos no actúan por impulso propio, sino por peticiones de asambleístas. Si los asambleístas solicitan comparecencias de funcionarios, lo que se hace es convocar.

Que no solo son críticos, sino propositivos, porque extienden esos puentes que muchas veces el Gobierno no extiende con la ciudadanía en búsqueda de soluciones a los problemas. “Si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a dar cara a lo que el Gobierno quiere ocultar?, ¿quién va a transparentar lo que el Gobierno no quiere?”, replica.

Álvarez niega que la mesa se haya convertido en un brazo ejecutor del correísmo para mirar las costuras al Gobierno. Admite que aún no existen informes sobre los temas que se abordan, pero que depende de los peticionarios si presentan resoluciones.

Las comparecencias sobre el habeas corpus a favor de Jorge Glas fueron solicitadas por asambleístas, y lo que hizo la comisión es convocar para conocer por qué no ejecutaron la boleta, según describe el representante del Guayas.

Su coideario Juan Cristóbal Lloret enfatiza que en la Asamblea Nacional se abrió un canal que es la Comisión de Transparencia para poder encauzar la fiscalización de la coyuntura, porque la Comisión de Fiscalización ya tiene un esquema planificado, está desbordada y no alcanza con la coyuntura del día a día.

Lloret prefiere no hablar de que la comisión que preside Álvarez apunta a golpear la gestión del Gobierno, sino más bien habla de que se pretende transparentar la gestión de Guillermo Lasso. Y añade: “Siento que en la Comisión de Fiscalización hay cierto blindaje al Gobierno; que más bien ahí lo que buscan es direccionar todos los procesos de fiscalización hacia la revolución ciudadana y al correísmo”.

Fernando Villavicencio, tras defender el trabajo que realiza la Comisión de Fiscalización que preside, afirma que es claro el plan que tiene el correísmo, pues todos los casos que ese sector político considera que pueden golpear al Gobierno los direccionan a la Comisión de Transparencia.

Aquí lo importante, añade, es conocer que muy pocas comisiones llegan a emitir informes; la mayoría se queda en el ruido mediático; llegan a las comparecencias y las utilizan en muchos casos como un instrumento de acoso y persecución de funcionarios públicos; y, en otros, de chantaje. “Acorralan a un ministro, lo ponen contra las cuerdas y la pregunta es: ¿por qué no hay informes?”.

Villavicencio dice que el país debe saber que en la mayoría de las comisiones el correísmo no investiga un solo caso de corrupción de su época. Solo tienen las comisiones como una caja de resonancia, de escándalo y chantaje con el propósito de minar la credibilidad del Gobierno. Por ejemplo, al ministro del Interior lo tienen casi todos los días en las comisiones, anota.

El legislador oficialista por la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) Eitel Zambrano coincide con Villavicencio, y remarca que la Comisión de Transparencia se ha convertido en un brazo político ejecutor del correísmo para minar la credibilidad del Gobierno.

Lo que hacen es usar esa comisión para tratar de desprestigiar al Gobierno y escogen los temas que pueden ocasionar ruido e intentan que los ciudadanos olviden la historia del Ecuador. “Todo esto tiene un objetivo: golpear al Gobierno semana a semana con temas de coyuntura, para tratar de debilitarlo y bajar la credibilidad”, insiste el representante nacional.

Por la composición de la comisión, donde la mayoría son del correísmo y el PSC, les resulta agradable ejecutar su plan de desprestigio, y además traen al ámbito político asuntos que se deben resolverse en la justicia, concluye Zambrano.

Byron Maldonado, también del BAN, afirma que no solo es la Comisión de Transparencia, sino la Asamblea en general la que apunta a desprestigiar al régimen con la creación de una mayoría legislativa cuyo propósito es obstaculizar e interferir en las funciones del Estado.

“No podemos abusar de que se puedan tener mayorías en algunas comisiones para este tipo de actos ridículos que lo único que provocan es la intromisión disfrazada de fiscalización”, añade el representante de Loja.

La vicepresidenta de la mesa de Transparencia, Nathalie Viteri (PSC), defiende la facultad que tiene la comisión para fiscalizar, y recuerda que se analizaron los casos del CPCCS, del Consejo de la Judicatura, los casos de las juezas que dieron acciones de protección sin fundamento, lo del superintendente de Bancos y los consejeros ad honorem: eso no es una especie de oposición, sino de transparencia, afirma.

“A nosotros no nos conviene que el presidente falle o caiga. No es contra él, sino de transparentar las cosas que suceden en el Gobierno. No es que se le mine la credibilidad del Gobierno, simplemente es alertar lo que está sucediendo en el Gobierno”, concluye Viteri. (I)

Fuente: Diario El Universo, EcuaPost