Mayoría del Consejo de Participación Ciudadana ‘a prueba’ para definir si elegirá a un nuevo superintendente de Bancos

Dirigir una segunda designación del titular de la Superintendencia de Bancos expondrá a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a la disyuntiva sobre si ello es procedente o no y si hay los votos para aprobar futuras resoluciones.

El 5 de agosto último, el presidente de la República, Guillermo Lasso, envió al Consejo su propuesta de tres candidatos para ocupar la Superintendencia, luego que la jueza del Guayas Larissa Ibarra aceptó una acción de protección y anuló la designación de Raúl González como titular de esa entidad, resuelta el 20 de julio por cuatro consejeros.

La terna compuesta por Roberto Romero von Buchwald, Rosa Herrera Delgado y Felipe Cabezas-Klaere fue revisada por un equipo técnico de servidores del Consejo y concluyó que se habrían cumplido los requisitos constitucionales y que no estarían incursos en prohibiciones.

Ese informe debe ser conocido por el pleno y para este miércoles se observará la correlación de fuerzas en una sesión que está convocada en horas de la mañana, en la que no consta entre los puntos a tratar resolver sobre esas conclusiones. Pero no se descarta que uno de los vocales proponga incluirlo.

No obstante, en el tratamiento de la terna no se conformó un nuevo equipo técnico y tampoco una nueva veeduría ciudadana que vigile la transparencia de las actuaciones.

Al contrario, se está actuando con el mismo equipo y con los veedores que se acreditaron en lo que fue la elección de González.

Esto ocurrió debido a que el 7 de agosto el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, convocó a una plenaria para nombrar un integrante que faltaba en dicha comisión de servidores, pero no hubo quorum para resolver.

El consejero Francisco Bravo (uno de los cuatro que conformaban la mayoría con Ulloa, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán) no participó en esa sesión y tampoco asistieron David Rosero, Sofía Almeida y Javier Dávalos.

Entonces, Ulloa dispuso que el proceso avance con los delegados que revisaron la anterior terna y se mantendrían los anteriores veedores.

Para formar parte de esta veeduría se inscribieron siete ciudadanos, aunque en la resolución de acreditación de marzo del 2022 no se describe quiénes son y cuántos cumplieron los requisitos.

En este contexto, los tres consejeros de minoría: David Rosero, Sofía Almeida y Javier Dávalos advirtieron que de “manera oficial no existe ningún otro proceso para designar superintendente de Bancos. El pleno del Consejo no ha resuelto iniciar ningún otro proceso. La posición de Ulloa es unilateral”, recoge un comunicado divulgado el lunes.

Adicionalmente, Bravo debe definir si apoyará o no a continuar con los procedimientos para elegir otro superintendente de Bancos. Ello, porque respaldó la elección de González sumándose a la decisión de Rosero, Almeida y Dávalos.

Hernán Ulloa resguarda la decisión de avanzar en la elección, porque la jueza Ibarra anuló el que designó a González y dispuso que Lasso envíe una nueva terna para que se elija la autoridad.

En tanto, la sede de la Superintendencia de Bancos en Quito permanece por tercer día rodeada por personal de la Policía Nacional para evitar el ingreso de González, después de haber sido posesionado por la Asamblea Nacional el 9 de agosto, pese a la medida cautelar que impedía ejecutar esa acción.

Ulloa y el Gobierno nacional sentenciaron que ese acto es ilegal, por lo que se analizan medidas de hecho como impulsar la destitución de los 70 legisladores que lo posesionaron por incumplir una acción constitucional e incumplir decisiones de una autoridad competente.

La Presidencia de la República inhabilitó sus cuentas de correo institucional y Quipux, con lo que está impedido de emitir disposiciones y resoluciones. Mientras, Ulloa notificó a trece entidades del Estado que González no ha sido designado como superintendente.

En tanto, la reciente nómina enviada por Lasso para elegir otro superintendente está encabezada por Roberto Romero, un economista que actualmente es presidente de la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias y ha hecho carrera en la empresa privada y en la administración del expresidente Rafael Correa.

Por ejemplo, fue gerente del BanEcuador entre el 2016 y 2017; director del hospital San Francisco de Quito del IESS entre el 2015 y 2016; director zonal del IESS en Guayas en el 2014 y 2015; gerente del Banco del IESS en el 2014. También, funcionario del Banco Nacional de Fomento en el 2014, de la ex Secretaría Nacional de Telecomunicaciones entre el 2013 y 2014; asesor del Ministerio de Telecomunicaciones en el 2011.

La segunda candidata es Rosa Herrera, economista y directora de la Unidad de Gestión y Regularización. Ha estado vinculada a la Superintendencia de Bancos desde 1985 y ha sido, entre otros cargos, intendenta general entre el 2019 y 2020; asesora en la Superintendencia de Compañías y Seguros entre el 2015 y 2019.

Felipe Cabezas-Klaere, abogado en derecho público, socio de un estudio jurídico; entre el 2013 y 2018 fue director de contratación pública en el Servicio Nacional de Aduanas (Senae); asesor del exvicepresidente de la República Otto Sonnenholzner y exgerente de la Cervecería Nacional.

Si el pleno del Consejo de Participación Ciudadana logra aprobar la participación de estos tres postulantes, se pasará a la fase de impugnación ciudadana en la que se podrá objetarlos por incumplimiento de requisitos legales o falta de probidad e idoneidad.

Aquellos que la superen expondrán ante el pleno un plan de trabajo en el caso de que uno de ellos sea elegido titular de esta Superintendencia de Bancos. (I)

Fuente: Diario El Universo, EcuaPost

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