La minoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) defendió este 15 de agosto de 2022 lo actuado por la Asamblea Nacional al posesionar a Raúl González como superintendente de Bancos y cuestiona que se desarrolle otro proceso de designación.

Horas después de que el presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, expuso la argumentación jurídica sobre la sentencia constitucional con la que justificó un nuevo proceso de designación para la Superintendencia de Bancos, surgió un comunicado de los Consejeros de la minoría.

En el documento, Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos aseguran que “de manera oficial no existe ningún otro proceso para designar Superintendente de Bancos. El Pleno del Cpccs no ha resuelto iniciar ningún otro proceso. La posición de Ulloa es unilateral”.

Rosero, en un comunicado personal, incluso señaló que la posición de Ulloa es “arbitraria” y que eso “es arrogación de funciones”.

Con amparo en el artículo 208 de la Constitución ecuatoriana, que faculta al Consejo la designación de Superintendentes, defienden que el 20 de julio de 2022 culminó el proceso de designación y se envió la resolución a la Asamblea Nacional.

“Cuando el proceso se encontraba bajo atribución de la Asamblea Nacional y la resolución de la designación en firme, Ia cuestionada jueza Larissa lbarra emite una resolución inejecutable. El 11 de agosto de 2022 la Asamblea Nacional posesiona en su cargo de superintendente de Bancos a Raúl González Carrión con fundamento a la resolución del Cpccs, que administrativamente está en vigencia”, destacan los Consejeros.

Señalamiento al Ejecutivo

Los Consejeros de minoría consideran que el Gobierno Nacional “para pretender desconocer el proceso desarrollado por dos Funciones del Estado demuestra un desconocimiento de la Constitución y un atentado al Estado de derecho, por lo cual es necesario una pronta corrección que evite agudizar la crisis institucional”.

Rosero va más allá, habla de un “abuso de poder del Presidente-banquero y su empleado en el Cpccs”. Además, compara la presencia policial en la Superintendencia con lo ocurrido el 9 de febrero de 2022, cuando los uniformados también custodiaron al Cpccs, para acusar que se trata de un “acto ilegal”.

Sin embargo, Ulloa mencionó en su rueda de prensa que el nuevo proceso continúa y el equipo técnico debe remitir el informe de revisión documental de la nueva terna al Pleno. Será este órgano el que “tomará una decisión como máxima autoridad, sin embargo yo dejo aquí a salvo mi criterio y también salvo la responsabilidad de las personas que puedan oponerse al trámite judicial dispuesto mediante esta sentencia”, resaltó el presidente del Cpccs.

Mientras el nuevo proceso concluya, Guadalupe Cabezas seguirá al frente de la Superintendencia de Bancos como subrogante.

El análisis

Alfredo Espinoza, analista político y miembro del Colectivo Voces por la Democracia, estima que “los intereses políticos salen a flor de piel en la disputa por la Superintendencia de Bancos”

“Mayoría y minoría del Cpccs dejan en tela de duda no solo la ejecución de las acciones y recursos legales que decidieron aplicar con absoluta discrecionalidad, sino que además la ciudadanía no confía en lo absoluto en este proceso por la forma turbia en que se gestó y por los intereses que estarían detrás de la designación de esta autoridad”, evalúa.

Cree que la designación de autoridades en Ecuador “es manoseado a conveniencia y placer de las élites políticas con la venia del sistema de justicia”. A su criterio, se trata de un caso “de flagrantes y generales incumplimientos jurídicos” que debería “producir la sanción e incluso la destitución de las autoridades implicadas”.

Fuente: Diario El Comercio, EcuaPost