Jorge Chérrez y nueve personas más enfrentan audiencia preparatoria de juicio en caso Isspol-Peculado; la causa continúa con jueza y fiscal nuevos

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Nueve meses después de que se cerró la instrucción fiscal por el delito de peculado ocurrido con operaciones financieras de inversión con irregulares que afectarían los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), este jueves 21 de julio, desde las 09:30, se realizará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra las diez personas acusadas.

Este caso ha pasado por diversos retrasos provocados por pedidos hechos por los procesados y también por decisiones adoptadas por el entonces fiscal de la causa, Martín Navarrete, quien emitió el 12 de enero pasado un dictamen abstentivo a favor del general (s. p.) Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector del Isspol, y Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi S. A. Uno de los últimos diferimientos llegó durante los 18 días de paro nacional vividos en junio pasado.

La decisión de Navarrete fue revocada a finales de febrero pasado por el entonces fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, e incluyó el cambio de fiscal para la causa. Con la revocatoria de los abstentivos, Álex Castillo es el fiscal que debe presentar y sustentar un dictamen acusatorio no solo contra Espinosa de los Monteros y Domínguez, sino también contra los ocho restantes procesados en la causa, entre quienes está Jorge Chérrez, representante de IBcorp Investments y de otras empresas en las que el Isspol habría invertido aproximadamente $ 693 millones.

Específicamente en este caso, la Fiscalía analiza un peculado ocurrido en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones efectuadas entre 2017 y 2019 por el pacto de recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos.

Además de Espinosa de los Monteros, Domínguez y Chérrez, son parte de los procesados el general (s. p.) David Proaño, exgerente del Isspol; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente, y los empresarios Carlos Carbo Cox y Luis Álvarez.

La etapa preparatoria de juicio estará en manos de un juez distinto al que evacuó en su mayoría la diligencia en este proceso penal, que arrancó el 24 de febrero de 2021. Inicialmente estuvo a cargo del caso la jueza de Pichincha Yadira Proaño; pero, al dejar la Función Judicial, su remplazante fue Eduardo Rivadeneira; y finalmente será la juez penal Irene Pérez.

Pese a la revocatoria del abstentivo, Paúl Ocaña, abogado de Espinosa de los Monteros, considera que la Fiscalía no tiene los elementos necesarios ni los argumentos sólidos en tiempo, espacio y perjuicio. Para el abogado, en el dictamen abstentivo reposa toda la participación de su defendido en el supuesto ilícito que se le pretende imputar.

“Existe un peritaje financiero-contable en el que se determina que el perjuicio que existe contra el Isspol es a partir de 2016, y mi representado fue director entre 2013 y 2015, es decir, mucho tiempo antes al que se hace referencia en el expediente y la investigación”, anotó Ocaña, quien aseguró que seguirán en su lucha por que se reconozca la inocencia y nula participación de Espinosa de los Monteros en este proceso penal.

La audiencia de este jueves se dará en el Complejo Judicial Norte, en Quito,y debería iniciarse por la exposición de nulidades que afectarían todo lo actuado dentro de la fase de instrucción fiscal. De definirse que existen nulidades, la jueza podría retrotraer el caso al punto en que se las habrían evidenciado.

Si se decide declarar válido todo desde la jueza Pérez, la audiencia continuaría con la acusación de Fiscalía y los elementos de prueba que presentará en un eventual juzgamiento, la de la acusación particular del Isspol, y las defensas de los diez procesados. Al final de la diligencia, la jueza resolverá si acoge el llamado a juicio que solicite la Fiscalía. (I)

Fuente: El Universo, EcuaPost

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