“Manifestamos nuestra preocupación por los hechos recientes, y hacemos un llamado al Ejecutivo y a todas las entidades involucradas, a respetar la independencia judicial”, se lee en su comunicado.

Por medio de un comunicado emitido este martes 3 de mayo, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) mostró su preocupación por la falta de garantías que existirían en el país para salvaguardar la independencia judicial. Además, exhortó al Presidente de la República, Guillermo Lasso, y a las autoridades del Ejecutivo, a que no intervengan en procesos judiciales.

La DPLF emitió este comunicado luego de que el 24 de abril, el Primer Mandatario convocó a altas autoridades de la función judicial, a una reunión a puerta cerrada, para discutir sobre problemas de seguridad interior y la emisión de una serie de decisiones judiciales de Habeas Corpus.

Ante esto, la Fundación expresó su preocupación por la convocatoria efectuada por el Ejecutivo a las instituciones de justicia; ya que, estas entidades deben elaborar políticas de combate a la criminalidad y la violencia, proteger derechos y libertades y ser un contrapeso frente al posible ejercicio del poder estatal que exceda el marco de la legalidad.

“Convocarlas para dialogar acerca de decisiones judiciales emitidas por jueces de instancias inferiores puede alentar injerencias indebidas en su independencia interna, incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos”.

De la misma manera, la DPLF se refirió a los pedidos dirigidos a la Corte Constitucional para que explique los alcances del Habeas Corpus y restituya la facultad del Consejo de la Judicatura para actuar de oficio en casos de negligencia manifiesta y aclaró que estas solicitudes desconocen el ámbito de sus competencias constitucionales y buscarían involucrar a la Corte, de forma indebida, como una parte activa en la resolución de problemas de seguridad, lo que corresponde a otros poderes del Estado.

“Responsabilizar a las altas cortes por el éxito o fracaso de políticas de seguridad o de otro tipo, ha sido en otros países de la región, la antesala a ataques más graves que han afectado la institucionalidad de la justicia y de la democracia”.

Fuente: Pichincha Universal, EcuaPost.