Fiscalía probará que en el caso Las Torres existió un ‘grupo organizado’ para desvanecer glosas y obtener beneficios económicos; la defensa de Pablo Celi habla de persecución política

Una vez que se instaló el juzgamiento del caso Las Torres, la Fiscalía se compromete a comprobar la existencia de un “grupo organizado y estructurado” que operó a través de la Contraloría General del Estado (CGE), la secretaría de la Presidencia y de la empresa pública Petroecuador, entre 2017 y 2020, para a través del mecanismo del desvanecimiento de glosas obtener el 20 % de una factura de $ 20′345.609 que se debía pagar a la empresa Nolimit C. A.

“Cuando el interés propio reemplaza al servicio público, la sociedad colapsa bajo el peso de la corrupción”. Con esa frase dio inicio la fiscal general, Diana Salazar, a la exposición de los alegatos de apertura, es decir, lo que la Fiscalía ofrecía probar dentro de los días de audiencia de juicio que se iniciaron la mañana de este lunes en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Salazar señaló que la Fiscalía buscará la condena justa para hechos delictivos cometidos con la conformación de un grupo estructurado integrado por trece personas con características especiales, como el ser funcionario público en tres instituciones estatales: la CGE, Petroecuador y la secretaría de la Presidencia de la República, y con personas particulares que, dijo, en su mayoría mantenían vínculos familiares y relaciones de amistad con quienes lideraban el grupo delictivo.

La fiscal general insistió en que en el ejercicio de mando y liderazgo se encontraban el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, el excontralor subrogante Pablo Celi, y José Agusto Briones, exsecretario de la Presidencia de Lenín Moreno, sobre quien se extinguió la acción penal por su fallecimiento durante este proceso.

Según Fiscalía, en audiencia probarán que Pablo Celi recibió $ 500.000 en el 2017 por el desvanecimiento de seis glosas relacionadas a Nolimit y que a Flores en efectivo le entregaron $ 40.000.

Marcelo Ron, abogado del excontralor Celi, aclaró que lo que probarán en esta audiencia, más allá de la obvia inocencia de su cliente, es que en este caso existe una persecución política y un abuso del derecho de parte de la Fiscalía. Salazar negó la supuesta persecución denunciada y dijo que las pruebas están ahí y serán expuestas en la audiencia de juicio.

Ron cree que la Fiscalía está aplicando el tipo penal inadecuado para los hechos que ha descrito y piensa que más bien ha modificado y acomodado los hechos a su conveniencia.

“Vamos a demostrar que se pretende acusar a Pablo Celi por su calidad de contralor. Ahí vamos a justificar cómo está politizando el tema la Fiscalía y cómo existe el abuso del derecho con referencia a esto, ya que no se le está pretendiendo juzgar por su participación en los supuestos hechos”, refirió Ron, quien sostuvo que demostrarán que al excontralor se le está acusando por acciones de terceras personas, probarán que no ejerció influencia, no conoció ni tuvo relación con quienes son coacusados en la causa.

En el escenario de colaboración de este caso la Fiscalía dice que estuvieron Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones y las personas contra las que se encuentra suspendida la etapa de juicio por encontrarse prófugos Pedro Saona y Roy Calero.

Además, la fiscal Salazar calificó de colaboradores principales de esta organización “con alcance transnacional” a José Raúl De la Torre y Roberto Barrera, quienes ya fueron sentenciados en Estados Unidos por estos mismos hechos, se explicó.

“Conocerán durante el desarrollo de esta audiencia que este grupo estructurado tenía como objetivo obtener beneficios económicos, los cuales provenían del 20 % del pago de una factura de $ 20′345.609,60 que la empresa Petroecuador adeudaba a la empresa Nolimit C. A. por concepto de entregables adicionales. Para lo cual los miembros de esta organización planificaron varias actividades delictivas con el propósito de cometer delitos, cuyas penas superan los cinco años de privación de libertad, como la concusión y lavado de activos”, apuntó Salazar.

Pablo Encalada, defensor del exgerente Flores, al referirse a que la fiscal Salazar habla de que su cliente y el excontralor Celi son los líderes de la supuesta organización criminal, él cree que esta es una acusación muy fuerte, por lo que la Fiscalía tiene una carga probatoria muy importante. “Esto que se ha dicho tendrá que ser probado en la etapa de juicio, no son suficientes las palabras de la Fiscalía, ni el convencimiento de los acusadores en su fuero interno. Esto tiene que ser probado en la audiencia y yo estoy seguro de que no podrá ser probado”.

La Fiscalía indicó que la organización tenía un alcance internacional, debido a que los delitos se cometieron en Ecuador y Estados Unidos, es decir, anotó Salazar, con el fin de obtener un beneficio económico el grupo estructurado traspasó las fronteras en donde dos de ellos, De la Torre y Barrera, ya fueron sentenciados.

“En estos hechos han confluido un sinnúmero de hechos y diligencias constantes de varios colaboradores que respondían a la planificación de quienes ejercían el mando, los cuales desde sus cargos jerárquicos, sin necesidad de concertar directamente, cubiertos por un manto de discrecionalidad por la jerarquía obviamente que ejercían en cada uno de sus cargos públicos, se mantenían al tanto de las operaciones realizadas por sus emisarios para la comisión de delitos a fin de obtener los beneficios económicos”, aclaró Salazar, al tiempo de referir que los jueces luego de conocer la prueba pericial, testimonial y documental que mantienen llegarán al convencimiento de la existencia de un grupo estructurado para delinquir.

Luego que la Fiscalía, la Procuraduría, Petroecuador -ambas instancias acusadoras particulares en este caso- y las defensas de seis de los procesados dieron a conocer sus respectivos alegatos de apertura, cerca de las 13:00 de este lunes, el juez Walter Macías, como presidente del Tribunal de Juicio, suspendió la diligencia y ordenó que la misma se retome el martes 5 de abril, a las 14:00. La suspensión se dio debido a que jueces del Tribunal tenían señaladas audiencias por prescribir en la tarde del lunes.

Aún faltan cinco defensas por intervenir, ante ello, el Tribunal resolvió que el martes se culmine con estos alegatos de apertura y la presentación de testigos y peritos de Fiscalía se iniciará el miércoles siguiente.

Fuente: El Universo, EcuaPost

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