Stalin Raza, Angélica Porras, Ximena Ron y Soledad Angus coincidieron en que el Ejecutivo, con el veto parcial, está poniendo trabas a las niñas, mujeres y adolescentes víctimas de violación.

Punto Noticias.- La tarde de este sábado 19 de marzo, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional trató el veto parcial del presidente Guillermo Lasso al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación; para lo cual recibió a los abogados constitucionalistas Stalin Raza, Angélica Porras, Ximena Ron y Soledad Angus.

Los cuatro juristas, expertos en materia constitucional, criticaron la objeción parcial del Ejecutivo y rechazaron que el primer mandatario haya emitido estas observaciones basado en sus creencias personales.

Stalin Raza, constitucionalista, argumentó que el veto presidencial transgrede la Constitución y vulnera la sentencia de la Corte Constitucional.

«No hay duda de que la decisión de interrumpir el embarazo en casos de violación es el ejercicio de un derecho. Hay que cambiar el enfoque que atraviesa a todo el veto parcial», enfatizó.

Por su parte, la abogada Angélica Porras coincidió con Raza y destacó que la decisión de Lasso viola la Constitución del Ecuador; además, de criminalizar a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo por violación. «Obstaculiza el acceso a un derecho establecido en la sentencia de la Corte Constitucional», agregó.

Ximena Ron, magíster en derecho constitucional, en cambio, se refirió al veto a la objeción de conciencia y explicó que esto no está desapegado del marco constitucional. Asimismo, al igual que Raza y Porras, Ron destacó que el aborto por violación es un derecho, por lo que no puede ser considero como una excepción.

«El generar obstáculos, como una objeción de conciencia, podría derivar en impedir el acceso a la justicia para las mujeres en casos de violación», recalcó.

Consideró, además, que las objeciones del Ejecutivo están desapegadas de la realidad, sobre todo, dijo, al poner trabas para las mujeres de la ruralidad, pues esto pone en riesgo su vida y vulnera derechos constitucionales.

Soledad Angus, abogada especialista en derecho constitucional, criticó que en las objeciones hechas al proyecto de ley existe una posición personal del presidente Guillermo Lasso y pone en riesgo el acceso a la salud para todas las víctimas con un embarazo producto de violación, sobre todo al poner requisitos para que las mujeres puedan acceder a este derecho.

De esta manera, el y las abogadas constitucionalistas recomendaron a la Comisión de Justicia que en su informe recomiende la ratificación del proyecto original, tal como fue aprobado y enviado al Ejecutivo.

Fuente – Pichincha Universal, EcuaPost.