Mientras el apresamiento de la gente pueda ser una moneda de cambio en el sistema político, seguiremos apresando a la gente, agregó.

Carla Álvarez, investigadora, especialista en seguridad y docente universitaria, señaló que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es clara al apuntar al Estado como el responsable de la crisis carcelaria, en términos institucionales, económicos e incluso tecnológicos, pues plantea la necesidad de que los tres poderes del Estado se pongan de acuerdo para tener una misma visión y política pública.

“No responsabiliza solo al Ejecutivo sino a la Asamblea y al sistema de justicia, les pide que vayan en un mismo sentido, porque eso permitirá beneficios penitenciarios, amnistías, etc”.

De otro lado, dijo, se resalta la política penal, ya que la sociedad privilegia el encierro y el castigo a través del uso del Código Orgánico Integral Penal (COIP), antes que la reparación de la víctima o la identificación de las causas estructurales del por qué se produce los delitos.

“Todo se resuelve con la cárcel y eso lleva al hacinamiento. Ahí la Comisión toca un botón, nos dice que somos una sociedad excesivamente punitiva, no medimos las aristas de los problemas que llevan a romper la ley”.

Aseveró que la CIDH no topa un tema del cual la sociedad debe hacer un mea culpa y es que los jueces no dan paso a medidas alternativas a la cárcel, porque hay una cultura punitiva de querer ver a todos presos: “No estamos satisfechos”.

Ejemplificó con el caso de las amnistías, frente a las cuales hay mucha gente inconforme y quiere ver a los beneficiados en la cárcel, sin hacer un análisis o trabajo a la altura.

“Mientras el apresamiento de la gente pueda ser una moneda de cambio en el sistema político, seguiremos apresando a la gente porque eso da votos, réditos y posesionara a figuras políticas con intereses específicos. Hay que cambiar la cultura para entender que el apresamiento no es el único mecanismo”.

Asimismo mencionó que en el informe del organismo internacional se habla de la necesidad de hacer justicia e investigar las muertes que se registraron durante las masacres: “Si no se establece responsables, garantía de justicia y no repetición, no hay posibilidad de reconciliación”.

Fuente – Pichincha Universal, EcuaPost.