Renovación de la Corte Constitucional toma forma con juristas que hicieron carrera en la docencia y en el correísmo

Está por concluir el concurso para la primera renovación parcial del pleno de la Corte Constitucional (CC) con la selección de tres jueces,en el que compiten Richard Ortiz Ortiz, Jhoel Escudero Soliz, Alejandra Cárdenas Reyes, Ana Donoso Bustamante y Luis Sarango Macas, quealcanzaron los más altos puntajes en el marco del concurso público que realizó una Comisión Calificadora. Aún se espera una etapa final que podría variar el listado definitivo.

Este concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana se realiza en cumplimiento del artículo 434 de la Constitución, que determina que los miembros de la Corte serán designados de candidaturas presentadas por las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social, para renovar a tres de los nueve jueces que cumplen su primer tercio en funciones los primeros días de febrero.

El proceso se inició en agosto del 2021 y fue declarado desierto por incumplimientos de las funciones respecto de sus candidatos.

Este 26 de enero, la Comisión agotó las cuatro principales fases para designarlos: revisión del cumplimiento de requisitos, impugnación ciudadana, examen escrito y oral. Solo resta que en un término de tres días los candidatos presenten recursos de revisión a las calificaciones y el proceso habrá culminado.

Hubo nueve postulantes, de los cuales cuatro renunciaron. La Presidencia de la República postuló a Richard Ortiz, Bárbara Terán Picconi y Jhoel Escudero; la Asamblea Nacional, a Alejandra Cárdenas, Luis Sarango Macas y Salim Zaidán Albuja: y, la función de Transparencia, a Ana Donoso Bustamante, Carlos Vásquez Morales y Jorge Sosa Meza.

De ellos, renunciaron Zaidán, Terán, Vásquez y Sosa.

Según las calificaciones resueltas por la Comisión, los participantes destacan en la docencia, pero no en el ejercicio de la magistratura, que es uno de los requisitos constitucionales.

La puntuación total era sobre 100 puntos: 20 correspondían a méritos; 40 al examen escrito y 40 al oral.

Richard Ortiz, de 54 años, alcanzó 94/100: 18 en méritos, 39 en la prueba escrita y 37 en la oral.

Se formó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y tiene un doctorado en Ciencias Políticas en una universidad de Alemania. Ha sido docente en centros académicos como la PUCE, la Universidad de las Américas (UDLA) y la San Francisco.

Su experiencia profesional se forjó en el gobierno de Rafael Correa. Fue asesor en la Asamblea Constituyente entre el 2007 y 2008. Luego secretario del primer Tribunal Contencioso Electoral, que se instaló en la transición, entre el 2008 y 2011.

Cercano al exasambleísta correísta Mauro Andino, que presidió la Comisión de Justicia de la Asamblea, fue su asesor y secretario de esa mesa legislativa.

Le sigue Jhoel Escudero, de 42 años, quien tiene una nota de 93. En méritos tiene 20; 38 en la prueba escrita y 35 en la oral. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y abogado por la Universidad Central del Ecuador. Ha obtenido otros títulos, entre ellos, de doctor en derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.

Entre el 2009 y 2014 fue asistente, asesor y coordinador académico de la Corte Constitucional que presidió Patricio Pazmiño, cercano al expresidente Correa. Consultor del extinto Ministerio de Justicia en el 2008, también fue parte del Instituto Regional de Protección de Derechos Humanos (Inrehd).

Ha actuado como rector subrogante entre el 2018 y 2021 del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), donde también es docente, así como de la UDLA, la Universidad Andina, entre otras.

Alejandra Cárdenas, de 47 años, licenciada en Ciencias Públicas y Sociales y abogada por la Universidad Central del Ecuador, es catedrática en la UDLA, el IAEN y otras. Trabajó entre el 2006 y 2011 en la Defensoría del Pueblo y ha sido consultora de varios grupos de la sociedad civil.

Su puntaje fue de 89,5, con 16,5 en sus méritos, en su examen escrito 35 y en el oral 38.

Con 75/100, la cuarta candidata es Ana Donoso Bustamante, que en sus méritos tiene 20, en lo escrito 23 y en oral 32.

Abogada de la Universidad San Francisco de Quito, tiene 43 años, y una de sus últimas funciones fue como jefa de despacho de la actual vicepresidenta de la Corte Constitucional, Daniela Salazar, del 2019 a junio del 2021.

Ha sido docente del IAEN, árbitro de la Cámara de Construcción de Quito y de la Cámara de la Industria de la Construcción y parte de varios bufetes privados.

El quinto concursante es Luis Sarango, de 59 años, indígena kichwa Saraguro, quien tiene una licenciatura en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas y abogado por la Universidad de Loja; otra licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cuenca, y un doctorado en Estudios Interculturales Universitarios de la Universidad de la Costa, Caribe nicaragüense.

Docente en centros nacionales e internacionales en materia indígena, fue asesor jurídico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y de otros grupos sociales indígenas; también rector de la Universidad Amawtay Wasi entre el 2005 y 2010 y laboró en la Defensoría Pública.

Obtuvo 58,9: 14,5 en méritos, 15 en la prueba escrita y 29,4 en su exposición oral, por lo que adelantó que solicitará la recalificación. Cuestionó que la Comisión no le puntuó una pasantía de dos meses que hizo en Alemania y que en la prueba escrita no fue “justa” la calificación.

“Soy un crítico del concurso, pero no me retiré para verificar cómo son estos concursos, porque se ha hablado mal de ellos y me consta. Hay un favoritismo. Me siento discriminado racialmente, porque como es un indio no más, ‘pongámosle al final’. Creo que el concurso moralmente se cae porque no hay una equidad”, criticó.

La Comisión prevé tener el listado con los puntajes definitivos entre el lunes y martes, al concluir la recalificación.

Esos resultados se notificarán a la Asamblea Nacional, a la función de Transparencia y a la Corte, para que sean posesionados y asuman sus cargos.

A la par, la CC realizará el sorteo público en el que se definirá a los jueces que cumplieron su primer tercio en funciones y dejarán la institución.

Vanesa Aguirre, presidenta de la Comisión Calificadora, aseguró que no actuaron con “favoritismo” en este proceso y que solo se calificó con base en sus respuestas.

“Quienes sean elegidos demostrarán si son aptos para el cargo, respondiendo a la sociedad por la calidad de sus fallos. Estas personas van legitimadas por una alta nota, pero en la magistratura se verá si estaban capacitados para ejercerlo. Hay que tener claro que partimos de las candidaturas que nos enviaron las tres funciones del Estado”, manifestó Aguirre.

Lamentó que si bien los candidatos cumplían requisitos formales, hubo algunos que actuaron con “bajeza como Sosa y Vásquez, que afirman cosas que no son ciertas que rayan en las injurias y que hablan de la calidad de personas que son”.

“Un juez también debe ser buena persona y esperamos que quienes nombremos tengan conciencia de lo que significa fallar sobre los bienes y derechos de las personas. Eso quedará en la conciencia de cada uno”, expresó. (I)

Los que renunciaron:

Salim Zaidán Albuja renunció en diciembre pasado tras recibir dos impugnaciones ciudadanas que lo señalaban por mantener una conducta reñida con las políticas públicas y garantías a favor de la lucha contra la violencia de género. El candidato cuestionó que la Comisión Calificadora las haya calificado. También cuestionó la organización del concurso por parte de la Comisión.

Bárbara Terán Picconi se retiró de esta elección a inicios de enero, porque había contraído COVID-19. No rindió el examen escrito y oral y tuvo una nota de 16,5 en méritos. Fue impugnada por una abogada en libre ejercicio, pero finalmente la Comisión Calificadora desechó esta objeción ciudadana por falta de argumentos legales.

Carlos Vásquez Morales renunció antes de rendir su prueba oral. Denunció anomalías, como que la prueba escrita se les entregó en un pendrive usado y que había un favoritismo para designar a los tres jueces. La Comisión no reveló cuál fue su nota en la prueba escrita, pues las únicas que se desconoce a quién pertenecen son de 8/40 y 10/40.

Jorge Sosa Meza renunció antes de rendir su prueba oral. También denunció irregularidades, como que la prueba escrita se les entregó en un pendrive usado y que hubo favoritismo en el concurso. Fue impugnado porque no informó que fue candidato a asambleísta por el partido Fuerza Ecuador, que fue desechada por la Comisión. Mostró sus dudas al concurso al conocerse las notas del examen escrito, de las que 8/40 y 10/40 son las únicas que se desconoce a quién pertenecen. (I)

Fuente: El Universo, EcuaPost.

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