Para la organización indígena estos tratados serían lesivos, ya que se permitió que empresas transnacionales extractivistas generen afectaciones al patrimonio nacional. 

Punto Noticias.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió que la Corte Constitucional buscaría revivir los lesivos Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), a través de una interpretación forzada de la Constitución.

Este pronunciamiento lo hizo en un comunicado, en el que la organización indígena expresa su preocupación por “la eventual interpretación forzada del artículo 422 de la Constitución que pretendería realizar la Corte Constitucional, a fin de revivir los Tratados Bilaterales de Inversión que tuvieron como efecto graves afectaciones para el patrimonio nacional y que han contribuido a asegurar la impunidad de las transnacionales extractivistas que han operado en el país, como fue el caso de Chevron – Texaco».

El escrito avalado por el Consejo de Gobierno de la Conaie menciona que la Corte Constitucional ha mostrado su alineamiento a la política del Gobierno para facilitar la operación de empresas transnacionales en el país sin considerar las afectaciones a los derechos humanos y a las políticas públicas en materia ambiental y social que representan los TBI.

La Conaie recordó que, el 30 de junio de 2021, la Corte resolvió que la adhesión del Ecuador al Convenio CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que constituye el centro de arbitraje internacional más utilizado por las trasnacionales, pueda ser suscrito directamente sin debate democrático en la Asamblea Nacional.

La dirigencia indicó que esta acción ha generado que, por demandas arbitrales amparadas en los TBI, el Ecuador tenga que destinar cuantiosas sumas de dinero para pagar a las empresas transnacionales, en lugar de atender a políticas de salud, educación o vivienda para la población.

Según la Conaie, los Tratados Bilaterales de Inversión no incluyen obligaciones de respeto a los derechos humanos a cargo de las empresas transnacionales, lo que pone en situación de grave vulnerabilidad a los derechos ambientales, sociales y culturales de las poblaciones, pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, que habitan en las zonas de operación de concesiones a empresas extranjeras.

La organización señaló que a pesar de distintos pronunciamientos no solo del pueblo, sino de asambleístas y hasta de la misma Corte se ha señalado sobre la inconstitucionalidad de los TBI, por lo que solicitaron a la Corte Constitucional actual afirmar su independencia política y funcional del Gobierno de turno, y cumplir con su misión institucional de garantizar la plena vigencia de la Constitución y los derechos fundamentales de los ecuatorianos.

Fuente: Pichincha Universal, EcuaPost.