La noche del miércoles, la consejera apoyó a los consejeros de minoría en la aprobación del reglamento para la designación del ‘súper’ de Compañías.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) inició el 2022 con un revés al experimentar un cambio en la correlación de fuerzas entre sus siete consejeros que podría constituir la conformación de una nueva mayoría, en medio de la organización de concursos públicos para designar a autoridades de seis entidades del Estado.

El hecho ocurrió durante la sesión virtual Uno de este 5 de enero, en la que, por segunda ocasión, el pleno no pudo aprobar el reglamento para designar al titular de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, lo que se realizará mediante una terna remitida por el presidente de la República, Guillermo Lasso.

En ella, la mayoría, que la conforman la presidenta Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, se resquebrajó al perder el apoyo de la consejera Ibeth Estupiñán, quien decidió mirar hacia los consejeros de minoría: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo.

Este reglamento viene debatiéndose desde el pasado 29 de diciembre, cuando se convocó a una primera sesión para aprobarlo, una vez que el exsuperintendente de Compañías Víctor Anchundia fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional mediante un juicio político, y el jefe de Estado debe remitir una terna para designar a una nueva autoridad.

Ese día, Estupiñán planteó varios cambios al proyecto normativo, entre los que estaban que se retire el requisito de que los candidatos a ese cargo acrediten título de cuarto nivel.

En el momento de votar, Estupiñán no apareció y la sesión se suspendió porque la mayoría no tuvo su respaldo.

La tarde del miércoles último, se volvió a instalar el pleno y se dio lectura a un nuevo borrador de reglamento que incorporaba las propuestas de la consejera.

Rivadeneira planteó un texto alternativo que introducía otros cambios. Se elevaron dos mociones: la de Rivadeneira para que se aprobara su propuesta y la de Almeida para aprobar la suya.

La moción de Rivadeneira fue la primera en votarse. Contaba con cuatro votos para aprobarse: los de la proponente, de Bravo, de Ulloa y, sorprendentemente, el de Estupiñán, cuyo respaldo ha sido incondicional durante los últimos meses en la mayoría de Almeida, Rosero y Dávalos.

La sesión estaba en constante transmisión. Dávalos y Rosero se abstuvieron por la moción de Rivadeneira, y cuando fue el turno de Almeida —al constatar que la minoría se impuso con su nueva mayoría— decidió suspender la sesión.

Alegó que el Departamento de Tecnología le había informado que la sesión no se estaba transmitiendo en vivo por las plataformas digitales.

Con la transmisión en vivo, se escuchaba: “¡Qué vergüenza!”, “presidenta, presidenta”…

Bravo advirtió que la sesión sí se estaba transmitiendo, mientras Rivadeneira se quedó explicando a Almeida que estaban en votación y que debían continuar.

Pero a Almeida no se la volvió a escuchar. La sesión desapareció por varios minutos de la plataforma YouTube, y después reapareció.

La nueva posición de Estupiñán se da en medio de una investigación que ella, Ulloa, Rivadeneira y Bravo enfrentan por presunta concusión.

La denuncia ante la Fiscalía General la presentó una expostulante a ser superintendenta de Ordenamiento Territorial, quien se sintió afectada al no ser escogida para el cargo.

Las pruebas serían unas grabaciones de llamadas telefónicas en las que presuntamente se escucharía a Estupiñán refiriéndose al proceso de designación que se realizó en marzo del 2020, y en el que el escogido fue Pablo Iglesias Paladines, de una terna que envió el expresidente Lenín Moreno.

El apoyo de Estupiñán ha sido clave para aprobar resoluciones relacionadas con los concursos de designación de autoridades.

Por ejemplo, la conformación de los denominados equipos técnicos. Estas instancias las conforman ocho personas, que son funcionarios del Consejo y que han sido elegidos por los cuatro consejeros.

Cuatro consejeros del CPCCS concentran su ‘mayoría’ en equipos técnicos que apoyarán en concursos de elección de autoridades

Entre sus responsabilidades está la de revisar los expedientes de los postulantes a ser comisionados ciudadanos o autoridades del Estado.

Anteriormente, estos equipos los integraban delegados de cada uno de los siete consejeros, pero Almeida, Rosero, Dávalos y Estupiñán modificaron el reglamento para que sean ocho funcionarios, que finalmente ellos escogían.

Esto es un reclamo constante en los vocales de minoría, quienes alegan que al no tener delegados en esos equipos desconocen cómo se está procediendo.

También, Estupiñán apoyó la designación del defensor del Pueblo encargado, César Córdova.

Con la llegada de Córdova a esa institución, se nombró a Freddy Viejó, excoordinador jurídico del CPCCS y cercano a Almeida, como delegado provincial en el Guayas; y a Marco Cadena Terán como delegado de la provincia de Imbabura, de donde es oriundo el vicepresidente del Consejo, David Rosero.

En un comunicado divulgado este 6 de enero, Javier Dávalos denunció que se busca “destruir al Consejo desde adentro e impedir que remplacemos a muchas de las autoridades elegidas en el Trujillato”, en referencia al extinto Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que presidió Julio César Trujillo.

Previamente, en una entrevista en Teleradio, expresó su solidaridad a Estupiñán porque entiende que “atrás de ella hay muchas presiones, sobre todo por parte del Gobierno (de Guillermo Lasso), que busca romper la mayoría. Quieren cooptar el Consejo y de esa forma poner a sus acólitos para defender sus intereses”.

Añadió que, de continuar esta situación, “estaríamos frente al fin del Consejo”.

Hasta el momento, el Consejo no ha informado cuándo se reinstalará la plenaria para aprobar el reglamento de designación del superintendente de Compañías.

Pero una vez que este documento se apruebe, se deberá comunicar al presidente Lasso para que este, en un plazo de 30 días, remita la terna (tres candidatos) para iniciar el proceso de designación, que comprende la revisión de requisitos e inhabilidades y la impugnación ciudadana.

Este procedimiento no contempla la calificación de méritos.

En tanto, se debe continuar con la conformación de las comisiones ciudadanas que elegirán a los titulares de la Defensoría Pública, de la Contraloría General del Estado; la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), de los delegados del Comité de Desarrollo Fronterizo y de los miembros de la sociedad civil de los Consejos Nacionales de Igualdad (CNI).

Fuente: Diario El Universo, EcuaPost.