Gobiernos locales y provinciales en crisis económica e institucional

La agresión con un recipiente con agua, en la sesión solemne por el 10 de agosto al entonces alcalde Jorge Yunda, es la imagen más evidente de la crisis institucional que vivió la alcaldía de Quito en 2021.

Su personalidad era blanco de ataques y de toda crítica que se agudizaba por el peso de la Fiscalía ejercido sobre su grillete, ya que se encuentra acusado por el delito de peculado en la presunta compra irregular de pruebas PCR.

Y en escena paralela, el hijo del alcalde le sumó más sospechas con la revelación de supuestos diálogos colusorios con empresarios y funcionarios de la administración municipal. Yunda había perdido credibilidad y apoyo. Su administración se diluía a cada paso.

Un mes después, el 29 de septiembre, por unanimidad la Corte Constitucional zanjó un dilema que resolvió un entramado entre las cortes de justicia y las electorales, porque no había un acuerdo respecto a la legalidad del acto de remoción contra Yunda.

Con 9 votos a favor el órgano constitucional puso fin a la accidentada alcaldía de Jorge Yunda y originó la era de Santiago Guarderas, su antiguo compañero de fórmula y de partido, quien heredó el cargo tras la remoción realizada por los concejales de oposición.

Pero mientras Yunda caía en Quito, en Guayaquil, que desde 1992 el municipio es administrado por el socialcristianismo, se empezó a cuestionar fuertemente a Cynthia Viteri. La contratación de murales, servicios de limpieza para la ciudad y aromaterapia a altos precios generó acusaciones desde distintos sectores.

Desgastada buscó refugio con su antecesor, Jaime Nebot y sin perder la oportunidad de coincidir con el presidente Guillermo Lasso, lanzó un programa de escuadrones con policía, militares y agentes de control metropolitanos que recorren los barrios pobres.

Además, envió un proyecto de libre porte de armas para la ciudadanía, en medio de una ola de violencia sin precedentes que se vive en el puerto principal.

Viteri es indagada por la Fiscalía, pese a que, desde mayo de 2021, la Fiscalía empezó a analizar al menos 14 contratos, cuyos valores ascienden a 20 .6 millones de dólares, entre los que constaban pintar 50 frases de escritores ecuatorianos en distintos muros de la ciudad por 389 mil dólares y otro de 445 mil dólares por la obra artística Óleos del Bicentenario. Los 12 contratos cuestionados adicionales tienen que ver con la limpieza de la ciudad, en los que el precio se duplicó en relación con lo que gastó la administración de su antecesor.

Pese a las anunciadas investigaciones y reclamos, las criticas por su actitud como por sus decisiones, como  impedir el aterrizaje de un avión en Guayaquil durante la cuarentena del 2020, el PSC y el Concejo Metropolitano no le quitaron el respaldo y se logró mantener en el cargo.

Casi para finalizar el año la famosa canción de Delfín Quishpe, Torres Gemelas y su coro “No puede ser No” se volvió vigente luego de que el tribunal provincial de Chimborazo lo sentenciara a cinco años de prisión, al declararlo culpable del delito de tráfico de influencias en la compra de insumos médicos en la que se asignó cerca de 100 mil dólares en el contexto de la pandemia.

Pero los municipios no son los únicos inmersos en crisis legales. La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas fue recientemente allanada por la Fiscalía. Ahí se investiga un presunto peculado en un contrato vial por más de 9 millones de dólares. La prefecta Johana Núñez calificó de show político al hecho.

Por otro lado, la crisis en las prefecturas aún persiste. El Gobierno central adeuda a los 24 gobiernos provinciales 601 millones 71 mil dólares que corresponde al Modelo de equidad territorial, devoluciones de IVA y otras asignaciones establecidas en el COTAD. El resultado de estos atrasos se evidencia en la falta de ejecución de obras, para 2020 solo lograron cumplir el 68% de su planificación.

En enero del año 2021, el Gobierno Nacional fue demandado ante la Corte Constitucional por los recortes permanentes a las asignaciones a sus presupuestos lo que ponía en riesgo la autonomía financiera.

Los 221 municipios también han enfrentado este problema, en marzo cerraron carreteras como medida de protesta, pues si no hay recursos no hay obras y hasta el pago de sueldos estaba atrasado.

Para cerrar el año, el gobierno tuvo el gesto de cancelar más de 800 millones de dólares a las municipalidades, aunque persiste una deuda de 114 millones de dólares por devolución de IVA.

Fuente: Pichincha Universal, EcuaPost

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