Defensoría del Pueblo exhorta al Legislativo a garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación

La Defensoría del Pueblo exhortó a la Asamblea Nacional a cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional del pasado 28 de abril, que despenaliza el aborto voluntario en casos de violación y garantizar este derecho a todas las niñas, mujeres y adolescentes del país, que han sido y son víctimas de violación.

A través de un pronunciamiento público, la institución recordó que el dictamen del organismo constitucional dispuso al Legislativo que, en el plazo máximo de 6 meses, contados desde la presentación del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, lo conozca y discuta “con los más altos estándares de deliberación democrática y respetando los criterios establecidos en esta decisión”.

La DPE se manifiesta en el marco del conocimiento y debate en el Pleno de la legislatura del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación.

De esta manera, la Defensoría precisó que no se podrá penalizar la interrupción voluntaria del embarazo por el hecho de que no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de violación debido a que el tiempo de gestación es limitado al tiempo que atraviesa el proceso penal.

Asimismo, hace un llamado para que implementen mecanismos adecuados y confidenciales para que niñas y adolescentes que no cuenten con autorización de su representante legal, puedan realizar, ante las autoridades competentes -sin trabas y sin miedo a represalias- la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.

Entre otros exhortos de la Defensoría está tomar en consideración los estándares y parámetros recomendados por el derecho internacional, así como por la OPS o la OMS, y otros organismos internacionales, para garantizar el respeto y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos.

Finalmente, sentencia que afirmar que las mujeres van a fingir violación para abortar libremente, es desconocer, una vez más, la realidad y también creer que las mujeres no tienen capacidad para decidir y que engañan. El sistema jurídico debe partir desde la visión del ejercicio de derechos y no desde las posibilidades de incumplimiento o desconocimiento de las normas.

Fuente: Defensoría del Pueblo, Pichincha Universal, EcuaPost

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