UNE advierte recorte de más de USD 900 millones para la educación

La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció que el presidente Guillermo Lasso incumple la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) al proponer una proforma presupuestaria para el próximo año que recortaría USD 952 millones.

Isabel Vargas, presidenta nacional de la UNE, indicó que la inversión para educación sufrirá un recorte y que eso es una muestra de un Gobierno neoliberal al restar recursos para lo social y priorizar el pago oportuno de la deuda externa para lo cual se asigna USD 9.000 millones por concepto de amortización.

La Unión Nacional de Educadores demanda de la Asamblea Nacional cumplir con la disposición de que en cada ejercicio fiscal se debe dar el incremento anual equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para el sector educación, el cual será calculado sobre la base del presupuesto inicial o del codificado, el que sea mayor.

Según la UNE, el Gobierno destina USD 3.419 millones en la proforma para educación, mientras que en el 2021 se ejecutó USD 3.697 millones; hay un claro perjuicio para la educación.

Con este antecedente, la dirigencia de los educadores consideró que el monto asignado por el Ejecutivo no cumple con la normativa anteriormente citada y tampoco se agrega los USD 547 millones que corresponde al aumento del 0.5% del PIB como estipula la Constitución, tomando en cuenta que Ecuador tiene un Producto Interno Bruto de USD 109.618 millones, el presupuesto para educación del 2022 debería ser de USD 4.365 millones, existiendo una afectación de 952 millones de dólares.

Vargas señaló que según el Banco Central hay un crecimiento interanual del 8,4% en la economía del país; por lo tanto, para financiar la educación no es necesario pedir la contribución a los padres de familia que hasta el momento han aportado USD 13 millones mediante los diferentes aportes económicos o materiales que se están solicitando en los establecimientos educativos al iniciar el año lectivo.

Otro aspecto que preocupa a los docentes es que en la proforma se destina USD 210 millones para desvinculación de servidores públicos en diferentes modalidades contractuales de los cuales USD 120 corresponden a educación.

La dirigente expresó que es imprescindible el regreso a las clases presenciales para fortalecer la inclusión educativa, así como dijo que solicitarán el reingreso de los maestros despedidos o desvinculados y la incorporación al sistema educativo a los alumnos que lo abandonaron.

Fuente: UNE, redes sociales, Pichincha Universal, EcuaPost

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