Al menos 55 fallecidos no han sido identificados desde marzo y abril de 2020 en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, en Guayaquil, luego del colapso del sistema mortuorio y hospitalario que dejó la época más dura de la pandemia.

El fiscal Luis Augusto Rosero Méndez está a cargo de la investigación que se ejecuta desde el año pasado por los cadáveres que se perdieron. A ese grupo de sin nombres, se suman seis casos de cenizas de cuerpos identificados de forma incorrecta.

Como parte de la investigación, al principio, hubo 216 cuerpos no identificados.

Alba Maruri formó parte de la lista. Ella siempre estuvo viva e internada en el Hospital Guayaquil, pero su familia tuvo un cofre con sus supuestos restos en su domicilio, al sur de Guayaquil.

Hasta un trámite para, literalmente, resucitarla en la documentación del Registro Civil tuvo que hacer. Para su familia no solo fue un milagro, sino una negligencia.

A Elsa Maldonado le entregaron las cenizas de su madre Emma Marina Aguirre e incluso le hizo un altar en su vivienda, pero luego se enteró que fue inhumada en el camposanto Parque de la Paz de La Aurora.

El fiscal Rosero dijo que la investigación se mantiene en reserva, pero que algunos funcionarios han sido llamados a declarar. Sin embargo, expresó que se han realizado aproximadamente 63 diligencias que requirieron autorización judicial, incluyendo exhumaciones, inspecciones oculares técnicas y audiencias privadas de extracción de información.

El funcionario manifestó que el delito por el cual se desarrolla la investigación es el de “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente” tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Fuente: Expreso, redes sociales, Pichincha Universal, EcuaPost