Fiscalía investiga ataques al sistema informático de la Función Judicial que permitió vulnerar el sorteo de los procesos

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La Fiscalía investiga los ataques al sistema informático del Consejo de la Judicatura (CJ) que permitieron que se vulnere -en las noches y madrugadas- el mecanismo para sortear los procesos legales y se direccionen esos expedientes a jueces específicos.

Las anomalías se detectaron en tres provincias: Guayas, Pichincha y Santa Elena. Solo en la primera se perpetraron 212 sorteos fraudulentos en nueve meses. De esta forma, 170 procesos legales fueron direccionados a nueve jueces de Guayaquil.

Tanto la Policía, como la Fiscalía rastrean cada caso. Incluso, los magistrados a cargo de las causas son observados por el Consejo de la Judicatura.

Bajo el sistema sospechoso, un juez, por ejemplo, gestionó 46 casos relacionados con acciones constitucionales, civiles, tributarias, penales, administrativas y procesos laborales.

Otro magistrado habría tramitado la libertad de un funcionario penitenciario a través de un habeas corpus y en otro caso se gestionó una acción de protección de alguien que demandó a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio de Economía y a otra institución pública.

Como parte de esos expedientes figuran procesos por actos de corrupción cometidos durante la emergencia sanitaria. Precisamente, la mayoría de causas fue sorteada entre abril y septiembre de 2020.

La Fiscalía con los allanamientos trata identificar a los responsables de los hackeos y a los funcionarios que colaboraron con la vulneración del sistema.

Los peritos informáticos detectaron que una computadora de la unidad judicial del Cuartel Modelo de Guayaquil, servía como nexo para entrar al mecanismo oficial de sorteos.

Según uno de los agentes, la máquina permanecía encendida las noches con un sistema activado para que otro se conecte a distancia, pues no se descarta que los trámites se realizaban desde Quito.

Al momento, la Judicatura abrió expedientes administrativos contra 40 servidores judiciales y la presidenta de esta entidad, María del Carmen Maldonado, ordenó que en Guayaquil se realicen sorteos públicos para designar a los jueces que tramitarán casos puntuales.

Entre esos casos están el del presunto fraude procesal por el femicidio de Lisbeth Baquerizo, así como el relacionado con la venta ilegal de insumos en los hospitales del IESS.

Fuente: El Comercio, CJ, redes sociales, Pichincha Universal, EcuaPost

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