Comunidades de Sucumbíos en riesgo por nuevas inundaciones

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Nuevo desborde de los ríos Putumayo y Aguarico agrava la emergencia humanitaria en las comunidades de Sucumbíos, ante la falta de previsión y respuesta adecuada de las autoridades estatales, advierte la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Según el documento de esta organización, como han venido documentando y denunciando públicamente las comunidades afectadas, las organizaciones acompañantes y la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador, desde el pasado 12 de junio, las fuertes lluvias en la provincia de Sucumbíos y en la región de la Amazonía, han generado varios desbordamientos de ríos y han causado una emergencia humanitaria, por la inundación de viviendas, pérdida de cultivos y especies menores; afectaciones a la infraestructura comunitaria, cortes de energía y agua potable; infecciones cutáneas, gástricas y respiratorias, sumada la proliferación de vectores de enfermedades tropicales, como leishmaniasis y dengue, especialmente en comunidades ribereñas de los ríos Putumayo, San Miguel y Aguarico, lo cual en pandemia por el Covid-19 deja en mayor grado de vulnerabilidad y riesgo a la población.

Desde el 18 de julio han crecido y desbordado muchos ríos amazónicos, causando graves daños. La comunidad Siona, en la parroquia Santa Elena, cantón Putumayo, en la frontera entre Ecuador y Colombia, alertó de un nuevo desbordamiento del río Putumayo, el cuarto en el último mes.

Ni en esta ni en las ocasiones anteriores hubo una alerta previa o acciones de prevención por parte de las autoridades. La respuesta a los comunicados y alertas emitidas anteriormente por las comunidades consistió en visitar el lugar y realizar un levantamiento de afectaciones, concretadas hasta la fecha en una única entrega de 40 kits alimentarios, realizada por parte del Gobierno Provincial de Sucumbíos, al igual que a otras comunidades. Sin embargo, esta respuesta es insuficiente tanto respecto a los mecanismos de prevención y alerta, que son inexistentes, como a la respuesta humanitaria ante los graves impactos ocasionados.

A la fecha del 22 de julio, de acuerdo con información proporcionada por la comunidad, un todavía indeterminado número de familias afectadas por las inundaciones se encuentran evacuando desde su territorio, en el lado ecuatoriano, hacia el lado colombiano, debido al crecimiento continuo del río y el riesgo que esto representa para sus vidas.

Así mismo, en la ribera del río Aguarico, la comunidad cofán de Sinangoe, ubicada en la parroquia Puerto Libre, cantón Gonzalo Pizarro, alertó el 19 de julio del desborde del río Aguarico que generó la destrucción de la tarabita que permitía precariamente cruzar a las personas sobre uno de los brazos del río que discurre por esta comunidad, dejando nuevamente en aislamiento a Sinangoe, imposibilitada de acceder a otras comunidades cercanas y a la vía de comunicación de la zona.

Este hecho se repite, ya que en mayo de 2020 se derrumbó el puente peatonal que tenían como única vía de acceso, sin que a la fecha se haya restablecido la conectividad por parte de las entidades responsables.

Es necesario recordar que hace aproximadamente un año, y fruto del procesos erosivos del río, la infraestructura escolar se encuentra gravemente afectada e imposibilitada de ser utilizada, sin que hasta la fecha y pese a los distintos compromisos institucionales se haya dado una solución a esa situación, la cual se agrava por la actual creciente.

Esta situación se extiende a numerosas comunidades indígenas y campesinas de la provincia y de la Amazonía, preocupando de manera particular que no se han desarrollado mecanismos de gestión de riesgos que permitan prevenir y alertar a la población potencialmente afectada, ni se han desarrollado protocolos de respuesta emergente e integral frente a los posibles y graves impactos que generan estas inundaciones y desbordes de los ríos, cada vez más frecuentes, y que en ningún caso son imprevisibles; mucho menos se ha tenido en cuenta el enfoque culturalmente adecuado, sin tener en consideración la diversidad étnica de la mayoría de las comunidades, cuyo territorio se encuentra asentado en la ribera de estos ríos.

Ejemplo de esta sistemática desatención del Estado es lo que aconteció a inicios del mes de junio de 2020, cuando inundaciones sin precedentes del río Bobonaza afectaron a las comunidades de los pueblos kichwa de Pacayacu y Sarayaku, que vieron afectados decenas de hogares, centros educativos, centros de salud, puentes, senderos, pistas de aterrizaje, tuberías de agua y cultivos.

Las inundaciones recurrentes y demás calamidades ambientales tienen una clara relación con el cambio climático que la Amazonía sufre hace algunos años y que ocasiona lluvias cada vez más frecuentes, extremas y repentinas y agravan la situación de poblaciones históricamente marginadas.

Estos impactos, la falta de previsión y la inexistencia de mecanismos adecuados de respuesta, generan graves consecuencias para muchas comunidades campesinas e indígenas, como las comunidades de Sinangoe y Wisuya, que mantienen una economía de subsistencia basada en la obtención de alimentos e insumos para la construcción de viviendas, transporte, medicinas y otra serie de recursos de sus territorios, además de prácticas culturales propias de relación con el territorio. El aumento de lluvias genera impactos severos en la alimentación y abastecimiento familiar, impactos a la salud, escasez de agua apta para el uso doméstico y consumo humano, alerta la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Fuente: Pichincha Universal, EcuaPost

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