Presuntas anomalías en fallos judiciales a favor del alcalde Jorge Yunda

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El conflicto al interior del Municipio de Quito se alarga. La concesión de medidas cautelares a favor de Jorge Yunda, que evitan la posesión de Santiago Guarderas como nuevo alcalde de la capital, motivó la intervención del Consejo de
la Judicatura.

María del Carmen Maldonado, principal de la entidad, convocó a rueda de prensa para dar a conocer supuestas irregularidades que se hallaron en la asignación de los dos jueces que han actuado en el pedido del Burgomaestre.

Sobre la asignación de la jueza María Belén Domínguez, quien otorgó parcialmente la acción de protección presentada por Jorge Yunda, se determinó una presunta irregularidad, porque el proceso fue ­ingresado como una causa de violencia en lugar de garantías jurisdiccionales.

Con eso se redujo el número de jueces que podían revisar el caso, de 215 a cuatro. Ese proceso de investigación continúa abierto y en curso.

En lo relacionado con el juez Carlos Soto, quien dio medidas cautelares a favor del Burgomaestre, Maldonado afirmó que no se registró ningún sorteo en los sistemas de la Judicatura para la asignación.

“Ha habido una asignación directa sin sorteo a una causa vinculada del 2020”, dijo.

Juan José Murillo, vocal de la Judicatura, explicó que en este caso tampoco se presentó la causa como un tema constitucional sino civil.

Por estas razones, el Pleno de la Judicatura decidió presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de interceptación ilegal de datos y/u otras acciones o presuntos delitos.

También se anunció un proceso disciplinario para las seis personas que participaron en los dos procesos. Sin embargo, esto no deja sin efecto lo actuado por ambos jueces.

El tiempo que tomó el trámite fue otra de las cosas que llamaron la atención y generó intenso debate en redes sociales. Ingresó en la mañana y cuatro horas después fue resuelto.

La resolución del juez Soto establece la suspensión de la ejecución de la resolución del 3 de junio, con la que el Concejo Metropolitano -con 14 voluntades- resolvió remover del cargo de alcalde a Yunda.

Además, en la repuesta se señala que la suspensión se mantendrá hasta que la Corte Provincial de Pichincha notifique su dictamen, pronunciándose sobre el recurso de apelación que presentó el Alcalde en contra del informe de la Comisión de Mesa, en el que se basó el proceso de remoción.

Como consecuencia, la subrogación de funciones por parte de Guarderas no podrá realizarse hoy como fue anunciado por el bloque de oposición. Sin embargo, dos expertos en Derecho señalaron que dichas medidas cautelares, que permiten que Yunda siga manteniéndose en el cargo, son improcedentes.

El constitucionalista Ismael Quintana argumentó que no debían ser concedidas porque ya se tiene una sentencia por parte de la autoridad competente, en este caso, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Explicó que la Ley de Garantías Jurisdiccionales prohíbe la concesión de medidas cautelares para detener la ejecución de decisiones judiciales.

“El juez suspende hábilmente la resolución del Concejo Metropolitano, no la del TCE. Sin embargo, a la larga, está deteniendo la sentencia del Contencioso”, aclaró.

En el mismo sentido, Libia Rivas, abogada constitucionalista, mencionó que la opción que pueden tomar los concejales es pedir la revocatoria de las medidas cautelares.

“La resolución ya fue objeto de análisis y decisión por parte del Órgano Judicial competente (TCE) que determinó que la remoción del Alcalde observó las formalidades y el procedimiento establecido en el Cootad”, indicó.

Ayer fue un día en el que los concejales de oposición y el alcalde Jorge Yunda midieron fuerzas. De un lado, Yunda asistió a su despacho y cumplió una agenda de medios durante la mañana.

Insistió en que las medidas otorgadas ratifican que han sido vulnerados sus derechos y se mantendrá en el cargo hasta el pronunciamiento de la ­Corte Provincial sobre su acción de protección.

De otro lado, los ediles se reu­nieron para definir qué harán respecto del bloqueo para el cambio de autoridad. En la tarde convocaron a rueda en la sala de sesiones del Concejo, para pronunciarse sobre la situación legal de Yunda. Guarderas ocupó el asiento central.

A su alrededor se ubicaron 12 ediles en señal de apoyo. Guarderas dijo que pedirán la revocatoria de las medidas cautelares. Además, solicitarán la nulidad del proceso de concesión de medidas cautelares, debido a que hay indicios de irregularidades en el sorteo que otorgó la causa al juez Soto.

Mientras se resuelve esa causa en lo legal, Guarderas no asumirá aún la Alcaldía.

Por su lado, Yunda aseguró que seguirá operando el Cabildo. Señaló que los concejales no le pueden decir si se paga o no un contrato. Para él, esas decisiones se toman siguiendo procesos legales y están sujetos al escrutinio de las entidades de control.

Desde que el Concejo removió a Yunda ha pasado un mes y seis días, y el cambio de autoridad aún no se concreta. Sin embargo, para Quintana incluso con una resolución favorable a Yunda por parte de la Corte Provincial la decisión del TCE sigue en firme.

La tarde de ayer se conoció que el Contencioso respondió a la defensa del alcalde Yunda sobre su pedido de ampliación aclaración. Con eso, la sentencia en la que ratificó la remoción queda en firme desde hoy. Empero, Guarderas no podrá asumir el cargo mientras no se resuelva el pedido de revocatoria de las medias cautelares.

Fuente: El Comercio, EcuaPost

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