La erradicación de la violencia de género sin presupuesto

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El nuevo Gobierno ha dado luces para tratar y prevenir los temas de violencia de género; sin embargo no ha destinado dinero para implementación de leyes.

El pasado 8 de marzo de 2021, el presidente Guillermo Lasso se comprometió a garantizar los derechos de las mujeres y financiar la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia. Hace dos días, el 6 de julio de 2021, firmó el Decreto Ejecutivo N°93, para ajustar la estructura orgánica de la Secretaria de Derechos Humanos con el fin de luchar contra todas las formas de violencia y discriminación por orientación sexual y/o diversidad sexo – genéricas. Ninguna de las dos tiene presupuesto.

En el país, 59 de cada 100 mujeres ecuatorianas reportan haber sido agredidas al menos una vez en su relación por parte de su pareja o expareja. Así lo registra el informe ‘Los costos – país de la violencia contra las mujeres en Ecuador’publicado en 2020. De ellas, solo el 2,34% denuncian el hecho.

Recortes en el presupuesto

Para Rocío Rosero Garcés, exsubsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia e integrante de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, la violencia contra las mujeres está naturalizada en todos los sectores; por eso es necesario realizar cambios en los patrones socioculturales y eso empieza por la decisión y voluntad política de invertir, dice.

En 2019, la Secretaría de Derechos Humanos, encargada de la implementación de la ley, tenía un presupuesto de 18 millones de dólares,  pero en 2020, este se redujo a 11 millones de dólares. Actualmente, esta cartera cuenta con 9,4 millones de dólares, según consta en su portal web.

Rosero explica que desde el inicio, el Ministerio de Finanzas no estableció un presupuesto para la implementación de la ley aprobada en 2018 y que más bien se ha implementado una política de recorte. “Antes teníamos 29 personas en la Subsecretaría de Prevención de Violencia, a nivel central y 46 de Servicios de Protección Integral (SPI), integrado entre 5 y 7 personas como piso mínimo para la aplicación de la ley; ahora con 95 funcionarios en territorio nacional, es imposible hacer el trabajo”.

Se invierte poco en prevención

La asignación de presupuesto para la implementación de las políticas públicas permitiría salvar vidas. El Estado invierte más dinero en dar respuesta a los hechos que en prevenir.

Del universo de presupuesto que el Estado tiene en materia de violencia de género, el 98,27% se usa para responder judicialmente ante la violencia contra la mujer o para atender las consecuencias en la salud de las mujeres agredidas y sus hijas en edad escolar. Únicamente el 1,73% se destina a prevención primaria.

“Esta distribución del gasto es un problema porque demuestra que no existe soporte financiero para una verdadera estrategia de prevención primaria, orientada a evitar que la violencia ocurra y enfocada a transformar los patrones socioculturales que legitiman, normalizan o justifican la violencia”, precisa el informe ‘Los costos – país de la violencia contra las mujeres en Ecuador’.

El Estado y sus cifras

En el Informe de Gestión de la Implementación de la ley, la Secretaría de Derechos Humanos realiza un balance de cumplimiento basado en cuatro ejes: atención, reparación, protección y prevención.

El informe señala: “El porcentaje de ejecución presupuestaria en gasto corriente es del 100% para las actividades de los ejes de prevención y atención”. Y cita a algunas entidades que ejecutaron el presupuesto. Ministerio de Educación ($549.680,51); Consejo Nacional para la Igualdad de Género ($12.860,19) y Fiscalía General del Estado ($5.727.933,86).

Estas cifras generan desconfianza en Rosero, por esa razón hace unos meses empezaron un proceso de verificación de la ejecución del presupuesto general del Estado en materia de violencia de género.

Erradicación de la violencia contra los LGBTIQ+

La Secretaría de Derechos Humanos tiene seis meses para adecuar su estructura y ejecutar política pública para la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación por orientación sexual y diversidad sexogenéricas. Pero tampoco se le asignó presupuesto.

Para Diane Rodríguez, presidenta de la Asociación Silueta X, es fundamental que se concrete la creación de políticas públicas que deben ser construidas con la sociedad civil. Identifica cuatros ejes necesarios: campaña nacional de sensibilización, judicialización de los casos de violación de derechos a las personas LGBTIQ+, inserción laboral y proyecto de ley de adopción homoparental.

“Nos están matando”

Carla Alvárez fue asesinada el pasado viernes 2 de julio en la ciudad de Guayaquil. Era una mujer trans de 53 años que laboraba todos los días en su salón de belleza. Esa madrugada dos personas la golpearon, amordazaron y apuñalaron. Para Diane Rodríguez este hecho no solo fue un robo, sino también un delito de odio. Pide que la Fiscalía investigue.

De enero a diciembre de 2020, la organización Silueta X, a través de Runa Sipiy Ecuador, registró 14 asesinatos a personas GLBTIQ+; de ellas, el 58% era trans. La violencia continúa, dice Rodríguez, que hasta el momento registran siete asesinatos en el 2021.  (MC)

 Asesinatos por tipo de población

DenunciasPorcentajeCantidad
Transfemeninas/Mujer Trans57%8
Gays36%5
Género No Conforme7%1
Transmasculinos/Hombres Trans0%
Lesbianas0%
Bisexuales0%
Intersex0%
Total100%14
Fuente: Runa Sipiy Ecuador/ Silueta X
 De enero a diciembre de 2020, se registraron 14 asesinatos a personas GLBTIQ+.
59 de cada 100 mujeres ecuatorianas reportan haber sido agredidas al menos una vez en su rela

Fuente: La Hora, EcuaPost

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