Mesa de Fiscalización indagará hechos relacionados con la rebelión policial del 30-S

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La Comisión legislativa de Fiscalización investigará los hechos relacionados con la revuelta policial del 30-S, anunciaron los integrantes de esta mesa Fernando Villavicencio (presidente), Ana Belén Cordero (CREO) y Soledad Diab (PSC), la tarde de este martes 6 de julio.

La comunicación la hicieron desde las instalaciones del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), donde anteriormente operó la ex Secretaría de Inteligencia Nacional (Senain), ubicado en el sector de Lumbisí, oriente de Quito,

Villavicencio señaló que investigarán el 30-S como un caso de presunto crimen de lesa humanidad, para lo cual solicitaron al CIES y extenderán el pedido al presidente Lasso para que desclasifiquen toda la información, que permita indagar lo que este asambleísta dice son “decenas de operaciones, de violaciones a los derechos humanos, de persecución y de crímenes que se cometieron en el país”.

Con esta investigación se busca que la ciudadanía conozca los detalles en torno a los acontecimientos de la revuelta policial en el gobierno de Rafael Correa, a decir de Cordero y Diab.

La presencia de los integrantes de la Comisión en las instalaciones del CIES fue parte del proceso investigativo que se desarrolla sobre las operaciones y gastos realizados por la ex-Senain y el CIES.

Allí, los parlamentarios mantuvieron una reunión con el ministro de Defensa, Fernando Donoso, quien manifestó que se manejará en un proceso transparente toda la información de lo actuado por las entidades de inteligencia.

El CIES actualmente “está funcionando” y “seguirá funcionando”, debido a que “el Estado no puede dejar de recibir esta información, especialmente con las amenazas que tenemos en los países vecinos y en el interior el país”, sostuvo Donoso.

Declaró que todavía no se tiene un nombre para la nueva institución que estará a cargo de estas funciones.

Según Villavicencio, el pasado 31 de mayo, solicitó a Ralph Suástegui, secretario general de la Presidencia, copias de contratos, listado de contratistas y proveedores, información de los trabajadores y actas de gastos reservados desde el año 2007 hasta el 24 de mayo de 2021.

Apuntó que se indagará el uso de cerca de $ 400 millones que entre 2009 y 2020 se gastaron en gasto corriente, en operaciones de inteligencia, contrainteligencia y compra de equipos.

Fuente: El Universo, Pichincha Universal, EcuaPost

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