Hay nudos críticos que no permiten avanzar en las investigaciones sobre las violaciones cometidas en las protestas de octubre de 2019

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La fiscal general, Diana Salazar, compareció, de manera presencial, a la Comisión legislativa de Justicia, ante llamado de la asambleísta Jhajaira Urresta, para que explique la actuación de la Fiscalía a partir de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad sobre la represión policial en las protestas populares de octubre de 2019.

Los informes de las dos instituciones concluyen que hubo excesos en el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales en contra de los manifestantes, así como violación a los derechos humanos de las personas que protestaban.

La legisladora Urresta demandó verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión policial, de la que ella también fue víctima, producto de lo cual perdió uno de sus ojos a consecuencia del impacto de una bomba lacrimógena disparada por un policía antimotines, según relató.

También fue llamada la defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira, quien fue la primera en intervenir y contestar las preguntas formuladas por la proponente de la convocatoria y demás parlamentarios.

Una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Justicia es que la Defensoría del Pueblo realice el seguimiento de las medidas de reparación integral a las víctimas, recordó Urresta y le consultó a la defensora del Pueblo subrogante si esta institución continúa con el debido proceso investigativo, a partir de que asumió la subrogancia.

Qué acciones ha previsto para precautelar la celeridad de la denuncia entregada por el defensor del Pueblo titular, Freddy Carrión, en contra de los presuntos responsables, entre ellos, el expresidente Lenín Moreno y la exministra de Gobierno, María Paula Romo.

Rovira sostuvo que es bastante complicado que se haya avanzado en alguna acción, a partir del reconocimiento de la firma por parte de Carrión, debido al poco tiempo que está en el cargo y la amplitud de la denuncia.

La funcionaria aclaró que para que haya reparación se requiere de sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de los presuntos responsables de las violaciones de derechos humanos y se dictamine cuál será la reparación. Por este motivo, es imposible que haya un seguimiento del proceso de reparación.

Por pedido de los legisladores, la Comisión solicitó a la defensora del Pueblo que remita toda la información sobre las personas que perdieron órganos, como un ojo, un brazo o una pierna y que fueron afectadas en sus derechos en los acontecimientos de octubre, para exigir la reparación y la asistencia psicológica respectiva.

Rovira indicó que mantienen un convenio con la Fundación Tierra Nueva para brindar atención psicológica a las víctimas de octubre de 2019,

Mientras tanto, la fiscal general, Diana Salazar, expuso las diligencias que se han cumplido en los procesos legales que se siguen por los casos de protesta social.

Aseguró que la Fiscalía actúa en conformidad con las disposiciones de la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, que tutelan la libertad de expresión y asociación de forma pacífica.

Informó que con la denuncia del defensor del Pueblo, la Fiscalía inició la investigación previa y ha practicado varias diligencias, a partir del 16 de abril de 2021 que inició la investigación. Se han iniciado 789 casos a raíz de las protestas. El informe de la Comisión de la Verdad contiene una connotación de delito de lesa humanidad, lo que demanda designar peritos expertos en derechos humanos.

Destacó que la investigación no se ha detenido, pues en los 789 casos instaurados se han realizado más de 11 mil diligencias. Relató que 639 procesos en encuentran en etapa de investigación previa, 63 se hallan con juicio y 5 con sentencia.

Salazar advirtió que en el camino se han topado con nudos críticos que impiden avanzar con celeridad, como por ejemplo la falta de elementos que configuren la responsabilidad, más allá de toda duda razonable, que permitan probar quién lo hizo, quiénes ordenaron o qué línea de mando siguieron.

Añadió que otros nudos críticos se refieren a que las presuntas víctimas indican no recordar a los agresores, los videos del ECU 911 no permiten identificar personas y la falta de colaboración en las entidades de seguridad y su personal.

Fuente: Pichincha Universal, EcuaPost

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