Ley que garantiza la entrega de medicamentos para enfermedades de alta complejidad, proponen en la Legislatura

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Garantizar, controlar y verificar el cumplimiento en la entrega de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades catastróficas y raras o huérfanas, propone la asambleísta María de Lourdes Cuesta, con su proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica del Derecho a la Salud.

Esta propuesta y las reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades, del asambleísta Fernando Flores, fueron analizadas en la sesión 151 de la Comisión del Derecho a la Salud.

Cuesta subrayó que se busca que el Estado, en cumplimiento de las garantías de los derechos constitucionales, proporcione los medicamentos necesarios para que las personas que padezcan estas enfermedades puedan continuar viviendo y no pasen por un viacrucis, no solo por su enfermedad, sino por el tratamiento.

Propone generar un catastro, en donde los pacientes con enfermedades catastróficas y raras o huérfanas, por única vez, ingresen su historia médica, para quede registrado que son pacientes con esa condición.

También plantea que el cuadro o listado de medicamentos de estas enfermedades sea actualizado frecuentemente. Con la sola orden del médico tratante (diagnóstico/receta médica), el sistema de salud deberá entregar al paciente los medicamentos necesarios para que pueda tener calidad de vida y/o continuar con vida.

Se quiere evitar que este tipo de pacientes acuda al sistema judicial para que mediante acción de protección se ordene la entrega de medicamentos. El avance de la ciencia, año a año, reconoce nuevos tipos de enfermedades, por lo que es de suma importancia la actualización del cuadro.

“Son miles de personas que padecen enfermedades catastróficas y que quieren seguir viviendo; hay casos que no reciben su medicamento por mucho tiempo”, condenó la asambleísta.

Discapacidades

Otro tema importante de análisis fue el de las reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades. El asambleísta Fernando Flores sostuvo que su propuesta está orientada a reconocer a las personas con discapacidad el derecho al lenguaje sencillo, en los textos legales y formales. Dijo que las entidades del Estado deben asegurar mecanismos de comunicación e información oportuna y adecuada.

Para ello, las instituciones deberán tomar en consideración mejorar en la claridad del lenguaje jurídico, que requiere el compromiso tanto de los profesionales del derecho, como de las propias instituciones, para garantizar el verdadero goce del derecho de acceso a la información.

Enfatizó en la necesidad de poseer claridad en la expresión oral y escrita de los profesionales del derecho, lo que incrementa la seguridad jurídica y permite que las personas conozcan sus derechos y obligaciones; además, sepan cómo y ante quién hacerlo.

Fuente: Pichincha Universal, EcuaPost

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