Los representantes de diversas organizaciones sociales de maestros, jubilados y trabajadores presentaron en la Fiscalía, la mañana de este miércoles 5 de mayo, una denuncia contra el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, y Augusto de la Torre, exmiembro del Banco Mundial, por un supuesto pánico económico que generaron tras una declaración pública.

“Las declaraciones de Augusto de la Torre y del ministro Mauricio Pozo provocan o buscan generar las condiciones para impulsar las privatizaciones dentro de la Seguridad Social. El establecer que las pensiones jubilares ya no tendrían recursos para el año 2022 ha provocado que ahora los jubilados, a más de estar pendientes de su salud, hoy están preocupados y desesperados porque se van a quedar sin ingresos mensuales como es la pensión jubilar”, manifestó Nelson Erazo, dirigente laboral.

El artículo 307 del actual Código Orgánico Integral Penal (Coip) señala que caerá dentro del delito de pánico económico la persona que publique, difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a la economía nacional con el fin de alterar los precios de bienes o servicios y así beneficiar a un sector, mercado o producto específico, la sanción para este delito es una pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Para Erazo, la información de estas declaraciones están circulando en las redes sociales y por ello pide a la Fiscalía que investigue el hecho y que sancione con cárcel a los responsables.

Estos dirigentes sociales afirmaron que no permitirán que se vayan generando las condiciones para llegar a las privatizaciones de la Seguridad Social en el Ecuador. A decir de Erazo, el Seguro Social en nuestro país es vigente y aún tiene larga vida. “El Gobierno Nacional tiene que pagar los más de USD 22 mil millones que le adeuda a la Seguridad Social y se debe cobrar de manera inmediata más de USD 2.500 millones que se adeuda desde el lado de los empresarios, de la patronal”.

Según los denunciantes en el Seguro Social existen los recursos, sino que el problema está, dicen, en que existe un “complot” entre el Gobierno Nacional y los empresarios que buscan cumplir con los acuerdos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los denunciantes aseveran que la situación actual es por el resultado de las malas administraciones donde incluyen al Gobierno de Rafael Correa y también de Lenín Moreno.

Fuente: Pichincha Universal, EcuaPost