Información de EE.UU. delató al contralor Pablo Celi, al exsecretario de Presidencia José Agusto y otros siete

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La información que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió a la Fiscalía General del Ecuador dejó ver cómo se fraguó el delito de delincuencia organizada por el que ahora están detenidos el contralor Pablo Celi, el exsecretario de Presidencia José Agusto Briones y otros siete. En una de las dos asistencias penales internacionales remitidas desde ese país constan detalles de cómo una empresa consignó sobornos a funcionarios de Ecuador a través de cuentas bancarias abiertas en Costa Rica y en Miami. Según el rastreo que realizó la justicia estadounidense, esos pagos ilegales servían para obtener contratos con la estatal petrolera Petroecuador. Según las indagaciones, Agusto delegó a su hermano para que usara sus cuentas bancarias en el extranjero y recibiera los depósitos ilegales. Estos detalles se consiguieron luego de que peritos ecuatorianos extrajeran información de audios remitidos por EE.UU. En esas grabaciones aparecen conversaciones que Raúl de la Torre, sobrino de Celi, mantuvo con la empresa que canceló los sobornos. De acuerdo con las investigaciones, estos ascendieron a USD 3,1 millones. Tras la captura y el juicio, De la Torre reconoció esa cifra. Pero el empresario que pagó dijo que le exigieron USD 8,2 millones. Él también fue condenado en los Estados Unidos. Estos detalles constan en las asistencias penales llegadas desde ese país y que ahora son parte de las investigaciones penales. Ampliar Evidencias halladas en el operativo del martes 13 de abril del 2021. Foto: Fiscalía En poder de la Corte ecuatoriana además está el contenido de los chats remitido por los Estados Unidos. Ese material fue extraído en las oficinas de Criminalística, en Quito. En ese insumo, conseguido por los agentes estadounidenses, se encontraron más conversaciones entre De la Torre y el empresario condenado. Allí hablan de los montos a cancelar y se entrega el número de cuenta donde se deben realizar los depósitos ilícitos. “Se evidencia una coordinación para la entrega de pagos indebidos”, indicó la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Aseguró que estas evidencias “demuestran una infracción penal en la cual participaron funcionarios, para obtener beneficios económicos”. Los defensores de los procesados aseguran que no es así. El abogado de Celi, Jorge Luis Ortega, indicó que las dos asistencias “no demuestran que su cliente haya recibido algún tipo de beneficio económico”. Explicó que quienes desvanecieron las glosas de una compañía por USD 13 millones fueron otros funcionarios de la Contraloría y no su cliente. Según el abogado, no se requiere una orden o delegación de su defendido para que se ejecute ese trámite administrativo y que la eliminación de las glosas se concretó “en septiembre del 2018 cuando el Contralor estaba de comisión de servicios en el exterior”. Según las investigaciones de la Fiscalía, De la Torre fue “pieza central” en esta trama, pues actuó de intermediario para recibir las coimas solicitadas en la Contraloría General del Estado y en Petroecuador. Infografía de las investigaciones ejecutadas en Estados Unidos y Ecuador por el caso que investiga la Fiscalía y donde fue detenido el contralor Pablo celi y el exsecretario de la Presidencia, José Agusto Briones. Fuente: Fiscalía / Estados Unidos / EL COMERCIO Según las pesquisas, él se aprovechaba de las influencias del Contralor y de la Secretaría de la Presidencia de la República para perpetrar el delito. Los oficios donde consta esta información fueron presentados durante la audiencia de formulación de cargos. Ese Diario cruzó información con agentes investigadores. Ellos saben que entre las evidencias también consta la versión de un funcionario de la Contraloría General del Estado. En su testimonio, él asegura que Pablo Celi lo presionaba para que firmara el desvanecimiento de las glosas. Contó que una vez eliminadas, el dueño de una compañía podía cobrar las facturas pendientes por los servicios prestados a la estatal petrolera. Según esa versión, todo el ilícito se perpetró entre el 2017 y 2020. Para desembolsar los pagos por los servicios prestados por la compañía, De la Torre le pedía más coimas. Todo habría sido concertado con Agusto. Durante los allanamientos que ejecutó Fiscalía en este caso, los agentes encontraron teléfonos, dispositivos electrónicos, dispositivos de almacenamiento y cajas fuertes. En una de las incursiones encontraron un arma de fuego y USD 162 524 en efectivo. Ese dinero se encontró en cuatro inmuebles de Quito y Guayaquil. Los bienes incautados ingresaron a cadena de custodia y fueron presentados en la audiencia de formulación de cargos contra las nueve personas. Luego del procesamiento de Celi y el resto, el gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, solicitó una reunión de trabajo con la fiscal Salazar, “para fortalecer los lazos de cooperación institucional”. La Fiscalía aclaró que no se ha establecido ninguna coordinación con la estatal petrolera en temas de corrupción, tal como lo ha manifestado esa entidad en su página web y cuentas de redes sociales.

Fuente: Diario El Comercio, EcuaPost

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