163 carpetas con documentación reservada de Petroamazonas fueron destruidas por orden verbal del exgerente

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A través de una orden verbal, el exgerente de Petroamazonas, Franklin Paredes, habría dispuesto a su asistente que “bote” los documentos que estaban archivados en las instalaciones en las que funcionaba la empresa que fue absorbida por Petroecuador.

En enero pasado, la estatal petrolera interpuso ante la Fiscalía una denuncia luego de conocer que fueron eliminadas a través de trituradoras de papel unas 163 carpetas con documentación de todas las sesiones del Directorio de Petroamazonas, que incluían documentos reservados y confidenciales.

Al momento, este hecho es investigado por la Fiscalía y aunque Paredes prefiere no pronunciarse, un informe revela que fue él, quien dio la orden y que su disposición fue acatada por su asistente.

El 26 de enero pasado, luego de que salió de la gerencia, Paredes, mediante una carta, le comentó al ministro de Energía, René Ortiz, sobre las razones por las cuales había eliminado los documentos.

Dijo que cuando asumió el despacho y sin tener un acta de entrega – recepción de la documentación observó la distribución de las oficinas del quinto piso del edificio en el que funcionaba Petroamazonas y dispuso hacer adecuaciones ante la inseguridad.

Manifestó que en un anaquel que estaba cerrado existían carpetas, por lo que pidió a su asistente, Karen Rivera, que verifique qué información contenía.

Señaló que su asistente le dio a conocer verbalmente que se trataba de documentos de respaldo firmados por anteriores gerentes y que ellos tenían sus USB.

Con estos datos aseguró que le pidió a su asistente que botara dichos documentos.

Relató que el jueves 10 de diciembre se retiró el mobiliario para que el 11 y 12 de diciembre se realicen las adecuaciones.

Expresó que su asistente al ver la carga documental, solicitó al área de Servicios Generales que brinde soporte con personal para triturar los documentos.

Para subsanar este lamentable suceso, el exgerente recomendó identificar la información que reposaba en los archivadores del piso 5 y restituirlos en un plazo de 30 días.

Asimismo, indicó que la información de la empresa pública se encuentra respaldada en un archivo digital.

A pesar de que se quiere restituir la información, el hecho de haber destruido 163 carpetas con documentos sensibles es penado de siete a 10 años, según el artículo 347 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Esta información fue comunicada el pasado 5 de abril por el ministro de Energía, René Ortiz, al gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado.

En el oficio, el secretario de Estado expresó que este tema se conoció en diciembre y se adoptaron acciones.

En el caso de Petroecuador, el caso fue puesto en conocimiento de los entes de control para que realicen sus exámenes e investigaciones.

Fuente: Pichincha Universal, EcuaPost

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